LA NUEVA SOLIDARIDAD

Conceptualmente a la ahora de acercarnos al término SOLIDARIDAD, lo hacemos como con cualquier otro término, conforme a la explicación que el diccionario de la RAE hace de él, y de esa manera nos encontramos dos acepciones, la primera de ella, nos dice respecto de ese término que implica “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros” y en una segunda nos manifiesta que es un “modo de derecho u obligación in solidum”, no es esta segunda sobre la que me voy a centrar, más propia del mundo del derecho.

Por lo tanto, SOLIDARIDAD, implica acción, y acción que tiene su origen en un determinado valor humano, del que va a nacer un comportamiento de una persona respecto de otra para ayudarla, apoyarla, protegerla, etc…, es decir, el término SOLIDARIDAD implica acción, no omisión, para conseguir un objetivo común, se ha de querer por ambas partes.

Una persona solidaria es pues, la que decide compartir cualquier cosa que posee, bien sea material y/o inmaterial (por ejemplo, emociones), con otras personas que lo necesitan, para lograr un fin común, que es sacar a esa determinada persona, o grupo, de una situación no muy favorable.

Toda la anterior explicación, que, aunque sucinta, es bastante clara, en los tiempos que corren y conforme a la nueva moralidad, se ha pervertido, y lo voy a ejemplificar con una situación vivida por un amigo este verano.

Mi amigo se alquila un apartamento en una urbanización de lujo de la Costa del Sol, decide después de una largo y duro año, gastarse parte de sus ahorros para que junto con su familia disfrutar de unos días con todas las facilidades y lujos posibles, es su decisión. Justo en el apartamento de arriba, empiezan los problemas, golpes, saltos, gritos, a todas horas, ya sea por la noche como de madrugada o al amanecer. No dispuesto a aguantar un día más, sube a la planta superior y se encuentra en la puerta a una abuela a la que le reprocha la situación. La abuela de unos 80 años le explica, que, durante todo el verano, cuidan de su nieto, 8 años, con una seria patología, que además no pueden hacer nada para controlarlo y termina “exigiéndole” a mi amigo “que la obligación de los vecinos de la urbanización es la de ser SOLIDARIO” con su nieto y con ella que lo está cuidando. La vecina colindante, entró en la conversación tan fugaz y veloz como el cometa Halley, para reprocharle a mi amigo, lo mismo que le estaba diciendo la abuela, que había que ser SOLIDARIO.

¿Está bien utilizado en el presente supuesto el término SOLIDARIDAD? ¿Consiste la SOLIDARIDAD en aguantar y soportar las “situaciones perjudiciales o gravosas” de otros de manera estoica, aunque no tengas, ni puedas ni quieras tener una actitud activa ante ello? ¿Y si no la tienes, eres INSOLIDARIO?

¿No hubiera sido más justo e idóneo exigir o utilizar en esa situación otros términos como el de empatía o comprensión? En otros tiempos, ya digo yo que sí, ahora no. Ahora SOLIDARIDAD.

Pues el ejemplo es el paradigma de como la nueva moralidad y la nueva sociedad, ha pervertido ese concepto de SOLIDARIDAD, de tal manera que ya no se exige una acción de adhesión a una determinada situación personal para ayudarla a salir de ella, si no que SOLIDARIDAD exige ahora y en su mayor parte, que “soportes” tú también la situación que sufre el otro, aunque no se logre, no se pueda o no se interese salir  de ella, el objetivo es “repartir la penosa situación entre todos, cuantos más mejor” , entre otras cosas:

En primer lugar, porque muchas situaciones no tienen solución o fácil solución, como son las derivadas de episodios de salud física o mental, como la del ejemplo de mi amigo. Así que, ¡Que mejor SOLIDARIDAD con el nieto de la vecina, que tener que despertarse mi amigo, su mujer y sus tres hijos menores, todos los días de agosto a las 6 o 7 de la mañana! Después de no dormir ni una noche, y pagar un pastizal por el apartamentito, y aguantar “solidariamente” los saltos y aullidos del pobre niño durante todos los días, tardes y noches durante su única semana de vacaciones.

En segundo lugar, otras tantas situaciones, diferentes a la anterior, que no tienen su origen en causas de salud, pero que sobrevienen y se “insiste” en ellas para que no se vayan, acomodándose las personas a dicha situación “gravosa” y practicando el victimismo a todos los niveles y en todo tipo de oportunidad. Quien padece dicha situación la usa conscientemente y la ejercita, creyendo que se beneficia para captar algún tipo de atención, que de otra manera sería imposible. Por supuesto, que esa persona no tiene ningún tipo de interés en cambiar de actitud o comportamiento, ya que se convierte en su “situación de confort”. Hay opciones personales para salir de esa situación, pero no se toman y/o no interesan, pero eso sí, exigen todo tipo SOLIDARIDAD el resto de los humanos que las rodean, por supuesto, para compartir lo que ellas entienden como “desgracias”, (que realmente no lo son) y de las que, además, no tiene ningún tipo de interés de salir, entre otras cosas, porque requieren tomar determinadas acciones que tampoco se están dispuesto a tomar.

Finalmente, otras situaciones, que, aunque parezcan mentira, son “buscadas intencionadamente”, porque parece que hoy, alimenta más lo “malo” y “gravoso” que las situaciones “felices” y de “disfrute”. Hoy, y fundamentalmente promovido por los poderes políticos y el nuevo orden moral imperante, (de forma similar a lo que en la antigüedad se encargaba de hacer la Iglesia) prima instalar a la ciudadanía en malas noticias, situaciones difíciles, penosas, apocalípticas, que fundamenten actos políticos y no políticos cada vez más «gravosos» y a su vez más beneficiosos para solo unos pocos para una determinada posición personal. Aunque parezca mentira, hay determinadas personas que se sienten mejor en las situaciones negativas, bien de ámbito personal o en ese túnel oscuro que desde las instancias gubernamentales nos están introduciendo, solo hay que poner un noticiario de cualquier canal televisivo, para verlo o leer diarios de tirada nacional o provincial.

En ese seno de “lo triste” y “oscuro” donde cada vez habita más población, no entienden que no se sea SOLIDARIO con esa forma de vivir y/o ver la vida, tomando por insolidario, ignorante o necio, a todo aquel que pretenda vivir lejos de esos estándares o en búsqueda de parámetros de felicidad. Son gente a la que por ejemplo, le cuesta buscar o enviar una buenas noticias habitualmente, teniendo tanta mala que mandar. Por desgracia, parece que cada vez vemos más gente, que por simple que parezca, le hace más feliz o interesante llamarte para darte una mala noticia, (para lo que se acuerdan siempre), que para invitarte a una fiesta. Suelen ser ese tipo de gente a las que te da miedo cogerle una llamada de teléfono, leerle un mensaje o un correo, porque ya sabes que no es para nada bueno, porque por supuesto para algo bueno no te va a llamar ni escribir.

En definitiva, más de lo mismo, eres SOLIDARIO si no compartes y sufres “mis males” o “los males” conmigo.

Puerta del Infierno -Rodin-

Y entre unos y otros, continúan introduciéndonos en el túnel, el de la oscuridad, de ti depende, de emprender el viaje contrario, aunque seas INSOLIDARIO, como siempre, dos caminos, que nos conducen a dos puertas, bien distintas, o a la del infierno, el de todos, o a la del paraíso, aunque sea solo tu paraíso.

Puerta del Paraíso -Lorenzo Ghiberti-

GRANADA a 9 de agosto de 2022

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

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EL TRIUNFO DE LA VULGARIDAD

Atendiendo al diccionario de la RAE, el término “vulgar”, tiene varias acepciones, en la primera, se refiere a dicho término como adjetivo, “perteneciente o relativo al vulgo”, en la segunda, igualmente, “dicho de una persona, que pertenece al vulgo”, en la tercera, “que es impropio de personas cultas o educadas”.

En 1930 se publicaba la célebre obra de D. José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, y que entre otras lindezas y para el fin sobre el que escribo estas líneas, decía a cerca de la vulgaridad que “Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone dondequiera”, quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Escribía Ortega y Gasset en esa obra: “Esto es lo que (…) enunciaba yo como característico de nuestra época: no que el vulgar crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar proclame e imponga el derecho a la vulgaridad, o la vulgaridad como derecho”, para concluir que “El hombre vulgar, antes dirigido, ha resuelto gobernar el mundo”.

Pocos años antes de nacer el universal profesor madrileño, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, llegó a escribir manifestar que “cuanto más vulgar e ignorante es el hombre, menos enigmático le parece el mundo; todo lo que existe y tal como existe le parece que se explica por sí solo, porque su inteligencia no ha rebasado aún la misión primitiva de servir a la voluntad en calidad de mediadora de motivos”, terminaba Schopenhauer manifestando que “los hombres vulgares solo piensan en como pasar el tiempo, y que un hombre inteligente procura aprovecharlo”.

También unos años antes de nacer Schopenhauer, en Inglaterra, el poeta y ensayista Samuel Johnson, llegó a manifestar “que la gente vulgar exprese sus ideas con claridad está lejos de ser cierto, y cuando lo hace no se debe a su facilidad de expresión, sino a la superficialidad de sus ideas”.

En nuestros días, y en todos los ámbitos que nos rodean diariamente, y de los que recibimos influencia involuntaria y sin buscarla, percibimos la vulgaridad por cualquier parte. A día de hoy es perfectamente defendible la tesis de que la vulgaridad que nos invade por todos los lados, es fruto del camino tomado por el desarrollo de la civilización actual hace ya algunos años, de las comodidades fácilmente logradas, de los extensos efectos del mal entendido y aplicado principio de igualdad por parte de los poderes públicos y de la destrucción de lo que en tiempos pasados se consideraban como dogmas sociales, políticos o de cualquier otra análoga naturaleza.

Hoy el hombre vulgar, plenamente instaurado en todos los sectores y ámbitos de la sociedad, ya sea a nivel político, artístico, periodístico, etc.…, está plenamente convencido de su poder, de su derecho a imponer la vulgaridad como decía Ortega y a gobernar el mundo sin ningún tipo de límite, la manifestación de S. Johnson es hoy en nuestra clase política, más aplicable que nunca.

Hoy lo vulgar ha vencido, pero no solo en la forma de hablar (solo hay que visitar cualquier colegio y ver como se dirigen a los profesores los alumnos, y además promovido por los mismos profesores), de relacionarnos, en la forma de vestir, en la forma de pensar, en la forma de gobernar… Todo ellos no es casualidad, es también fruto de la políticas nacionales e incluso europeas que promueven la mal entendida “igualdad”, si la “igualdad” pero “por abajo”, porque por arriba es imposible, requiere esfuerzo, esfuerzo al que el vulgar renunció hace tiempo, por eso mismo es vulgar.

Todo lo anterior, tiene su culmen, con lo que creo que de forma irónica Javier Gomá (Premio Nacional de Ensayo 2004), llegó a manifestar: “yo pido respeto por la «vulgaridad», pues es el resultado rigurosamente contemporáneo del igualitarismo y del proceso de la liberación subjetiva del yo”. (https://www.abc.es/cultura/abci-jovenes-gozan-libertad-antes-conquistada-y-ahora-subvencionada-padres-200909200300-1024274834020_noticia.html#:~:text=%2DNo%2C%20yo%20pido%20respeto%20por,y%20del%20fruto%20de%20sus) Manteniendo que hoy lo que tenemos es “una juventud subvencionada por sus  padres, liberada por herencia y sostenida por otros, y a la que nadie le ha dado instrucciones para un uso responsable de su libertar”, convirtiéndose en “consumistas y en prisioneros del peor capitalismo” a lo que yo añadiría y de la “peor vulgaridad”.

Lo más preocupante, en estos momentos, no es que la vulgaridad está en todos los ámbitos, en los poderes públicos, en todas las administraciones, empezando por la educativa desde cualquier nivel, en la música, en los medios, etc.… Es que, además, lo vulgar se ha enraizado en las instituciones de una manera irreversible y ya se irradia no solo desde la clase política gobernante, sino desde y en los propios funcionarios públicos con los que a diario estamos obligados a tratar. Respecto de los primeros, no tenemos que irnos muy lejos para ver ejemplos de vulgaridad cuando no en el aspecto y decoro físico, que también, lo es en el lenguaje, en los gestos, en los comportamientos, en el trato, y en tantas otras facetas impropias de quienes nos dicen o quieren representar. Sin necesidad de señalar a nadie, me basta con la mayoría de los 349 diputados del Congreso, me da igual del partido político al que pertenezcan, como ejemplo de vulgaridad, en cualquiera de las distintas vertientes.

Para finalizar, y en contraposición a la vulgaridad, no nos queda más remedio que huir de ella como sea, buscando la belleza donde esté, y en sus distintas vertientes, aunque cada vez se encuentre más apagada por la vulgaridad e imperceptible para el resto. Ella posee el poder de provocar sensaciones más fuertes que la vulgaridad, es lo único que romperá el mundo insípido, indiferente y vulgar, que nos han impuesto. Lo que hace unos años nos parecería lo más común, hoy puede ser extraordinariamente bello, quedémonos con ello, es nuestra salvación.

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

GRANADA a 24 de julio de 2022

ILEGALIDAD DE LA INSTRUCCIÓN 10/2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE EXENCIÓN DE LA RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN DETERMINADOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

-RESERVAS DE SUELO PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO ANDALUCÍA-

SUPUESTO DE HECHO: Procedimiento de aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior para el desarrollo de una unidad de ejecución donde se configura una área de reforma interior, de un PGOU aprobado con anterioridad a la LOUA y no adaptado a la misma.

CUESTIÓN: ¿Se le debe de exigir al PERI la reserva del 30% de la edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida?

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO: SI, conforme a la aplicación: 1º) En primer lugar. lo establecido en el artículo 3 de la Ley 13/2005, y su disposición transitoria única; 2º) En segundo lugar conforme a la Instrucción 10/2019 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; 3º) Y en tercer lugar conforme a lo establecido en el artículo 17.8 de la LOUA.  

¿ES CORRECTO? Pues no. Pasamos seguidamente a justificarlo acudiendo a todas y cada una de las referencias en las que las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería de Fomento fundamenta sus informes para requerir dicha reserva en los instrumentos de planeamiento.

I.- PREÁMBULO

El Art.10.1.A. b) de la LOUA, debe su redacción actual a la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, redacción a la que se llega finalmente, tras varias modificaciones previas, principalmente la que introdujo el artículo 23 de la Ley 13/2015, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, que a su vez también dictó una Disposición Transitoria Única para establecer el régimen transitorio de la exigencia de la reserva del 30% de edificabilidad residencial en los instrumentos de planeamiento, D.T., que se mantiene hasta hoy, como luego se verá, aunque la redacción actual del artículo 10.1.A.b) LOUA ya no es el que introdujo la citada Ley 13/2015, como se ha dicho al inicio.

El tenor literal de artículo 10.1.A.a) y b) LOUA es el siguiente:

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:

A) En todos los municipios:

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.

b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio.

Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección municipal deberá quedar establecido en el citado Plan municipal.

En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen de protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado, será como mínimo del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a alojamientos transitorios de promoción pública que se implanten en suelo de equipamiento público.

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C). e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, los instrumentos de planeamiento general podrán establecer parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas.

Ayto.Granada. Plan General de Ordenación Urbana

El meritado artículo 10 está en el Título I de la LOUA. Si nos vamos a la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, en ella se dispone que son de aplicación íntegra, inmediata y directa, cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que esté en vigor y sin perjuicio de la continuación de su vigencia, los Títulos II, III, VI y VII. El Título I no está entre los citados. La Disposición Transitoria Segunda, dispone que Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de la disposición anterior, todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o Delimitaciones de Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales formulados para su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, general o autonómica, vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieren en vigor o fueran ejecutivos en tal momento, conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución conforme a las previsiones de ésta”.

En la interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el párrafo anterior se estará a las siguientes reglas:

1.ª) Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.

2.ª) Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley.

Y ya tenemos aquí el lío, porque está claro que el artículo 10.1.A.b) no está dentro de los Títulos de directa aplicación, por lo que no es aplicable la primera regla, pero ¿Qué pasa con la segunda regla? Aplicándola al supuesto de hecho y por tanto vía interpretativa exigirle o imponerle la reserva del 30% a un PERI de un PGOU anterior a la LOUA y sin adaptarse a ella, sería cuanto menos delirante, ya que mediante vía interpretativa estaríamos modificando la ordenación estructural de un planeamiento vigente. Sinceramente no veo ajustado a derecho esa aplicación interpretativa y posiblemente la propia Junta de Andalucía tampoco y por eso en estos casos plantean la exigencia de la reserva del 30% por otra vía, equivocada, pero por otra vía alternativa, como se verá a continuación.

A los distintos municipios del territorio andaluz que tramitan Planes Especiales para el desarrollo de unidad de ejecución que contienen áreas de reforma interior de Planes Generales no adaptados a la LOUA, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, le aplica la Instrucción 10/2019 sobre “Exención de la reserva de suelo para vivienda protegida en determinados ámbitos de planeamiento de desarrollo”, que dictada en fecha 03/10/2019. En dicha Instrucción hace referencia a la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2015 y al Decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

Llegados a este punto, me consta que las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, por lo menos la de Granada, así lo hace, en la emisión de informes en los procedimientos de aprobación de Planes Especiales de unidades de ejecución con áreas de reforma interior de PGOUs no adaptados a la LOUA, están exigiendo que dichos PERI prevean y contemplen la reserva del 30% de la edificabilidad de suelo residencial conforme a lo establecido en primer lugar en el artículo 3 de la Ley 13/2005, y su disposición transitoria única, en segundo lugar conforme a la Instrucción 10/2019 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en tercer lugar conforme a lo establecido en el artículo 17.8 de la LOUA.

Vamos a pasar a analizar cada uno de esos fundamentos y su aplicación a tal exigencia.

II. FUNDAMENTOS UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE ANDALUCÍA PARA EXIGIR LA RESERVA DEL 30% DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN EL PRESENTE SUPUESTO DE HECHO.

PRIMERO: En primer lugar, el artículo 3 de la Ley 13/2005 dispone que

Artículo 3. Sujetos destinatarios de las viviendas protegidas.

1. Las viviendas protegidas se destinarán a familias con recursos económicos limitados que reúnan los requisitos que, tanto para la composición de la unidad familiar como para la cuantía y determinación de los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes programas que integran los planes de vivienda y suelo.

2. En los citados programas se atenderán de manera especial las necesidades habitacionales de los grupos sociales con especiales dificultades para el acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias monoparentales, los procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de la violencia de género y emigrantes retornados.

3. La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con las normas de desarrollo de la presente Ley.

4. Se exceptúan de la exigencia del apartado anterior las promociones en las que por su naturaleza no pueda existir concurrencia, como aquellas adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración social, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Como se puede observar, nada aporta para resolver el asunto objeto de análisis.

La D.T. Única de la Ley 13/1995 dice:

Disposición transitoria única. Aplicación del artícu­lo 10.1.A b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

1. La localización de las reservas de terrenos con destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública a las que hace referencia el artículo 10.1.A) b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será exigible desde la entrada en vigor de esta Ley, en los supuestos y forma establecidos en el artículo 23 de la misma, a todos los nuevos sectores que se delimiten en suelo urbanizable no sectorizado.

2. Esta determinación será igualmente de aplicación a los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce con posterioridad al 20 de enero de 2007.

Viene a establecer el régimen transitorio una vez que dicha Ley introdujo en su artículo 23 la nueva redacción al artículo 10.1.A.b) LOUA, que a su vez fue nuevamente modificado posteriormente por la Ley 2/2012 de modificación de la LOUA, a quien se le debe la redacción actual.

Esta D.T. Única no se refiere ni a los Planes Especiales, ni a las áreas de reforma interior o unidades de ejecución, porque esas referencias y términos se introdujeron en el Art.10.1.A.b) LOUA con la citada modificación operada por la Ley 2/2012. Solo se refiere, a que la reserva del 30% de edificabilidad residencial se exigirá: 1°- a todos los nuevos sectores que se delimiten en suelo urbanizable no sectorizado. 2°- A los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce con posterioridad al 20 de enero de 2007.

SEGUNDO: En segundo lugar, el artículo 17.8 LOUA.

Artículo 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores.

8. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación detallada localizarán en el área y sector los terrenos en los que se concreten las reservas a las que se refiere el artículo 10.1.A).b) de esta Ley, calificando el suelo necesario para dicha reserva con el uso pormenorizado de vivienda protegida.

El cincuenta por ciento, o en su caso el porcentaje que establezca el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto que le corresponda a la Administración habrá de destinarse a los grupos con menor índice de renta que se determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas protegidas.

Dicho artículo viene incluido en la sección 4º (Determinaciones complementarias sobre ordenación, programación y gestión) del Capítulo II (Instrumentos de Planeamiento) del Título I (Ordenación Urbanística), por lo tanto, lo que viene a indicar es que los PGOUs, y Planes Parciales y Planes Especiales que los desarrollen deberán de contener entre sus determinaciones la reserva del 30%. Por lo tanto, sobre el caso o supuesto de hecho ante el que estamos, tampoco ofrece absolutamente nada.

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TERCERO: -En tercer lugar, la Instrucción 10/2019 de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, que a su vez se remite al Decreto 11/2018 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

La instrucción dictada en fecha 03.10.2019, por el Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, tiene como finalidad resolver la cuestión sobre la delimitación de aquellos supuestos donde quedarían exentos determinados ámbitos de desarrollo urbanístico en la aplicación de la reserva del 30% de la edificabilidad residencial. Dicha instrucción empieza refiriéndose a lo establecido en la D.T. Única de la Ley 13/2015 de medidas para la vivienda protegida y el suelo de Andalucía:

“1. La localización de las reservas de terrenos con destino a viviendas protegidas a las que hace referencia el artículo 10.1.A.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será exigible desde la entrada en vigor de esta Ley, en los supuestos y forma establecidos en el artículo 23 de la misma, a todos los nuevos sectores que se delimiten en suelo urbanizable no sectorizado.

2. Esta determinación será igualmente de aplicación a los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce con posterioridad al 20 de enero de 2007”.

Y al artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas:

“La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial al que se refiere este artículo”.

Todo ello, para llegar a la conclusión dicha Instrucción, de que “la fecha de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo (sectores o áreas de reforma interior) es el momento clave para determinar si, a dichos instrumentos, les es exigible o no la reserva para vivienda protegida prevista en el artículo 10.1.A.b) de la LOUA”.

Y a finalmente concluir que: “La reserva de vivienda protegida no será exigible:

1º-A los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre. (Este supuesto viene contemplado en por disposición legal lógicamente -Ley 13/2005-)

2º-Ni a aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial al que se refiere este artículo”. (Este segundo supuesto lo introduce el Decreto 11/2008 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía).

En consecuencia, para la Instrucción, los instrumentos de planeamiento de desarrollo, que se encuentren en alguno de los dos supuestos anteriores (sectores con aprobación inicial anterior al 20 de enero de 2007 o áreas de reforma interior con aprobación inicial anterior al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial a la LOUA), no será exigible, en principio, la reserva para vivienda protegida. Por lo que a “a contrario sensu” a los que no estén incluidos en esos supuestos, si le será exigible la reserva del 30%.

Lo que olvida la Dirección de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Andalucía, es que el Decreto 11/2008 y concretamente su artículo 3.2.b) lo que regula es el contenido de los documentos que, de adaptación parcial a la LOUA, que tramiten los municipios andaluces. Es decir, cuando un municipio vaya a adaptar a la LOUA su PGOU, las fichas de condiciones urbanísticas de esas áreas de reforma interior delimitadas en unidades de ejecución, deberán de contener entre sus determinaciones la reserva del 30% excepto para aquellos dos supuestos descritos en el art. 3.2.b) del Decreto 11/2008 que dice literalmente:

Artículo 3. Contenido y alcance.

1. La adaptación parcial del instrumento de planeamiento general vigente contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, respecto a la ordenación estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

2. El documento de adaptación parcial recogerá, como contenido sustantivo, las siguientes determinaciones:

a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo siguiente.

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial al que se refiere este capítulo.

Claramente, el segundo apartado del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008, lo que establece es una obligación a los municipios andaluces que estén llevando a cabo la adaptación a la LOUA, para que no exijan la reserva del 30% de la edificabilidad residencial a las áreas (unidades de ejecución) que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial a la LOUA. Sí el municipio en cuestión, no ha empezado aún la adaptación a la LOUA y está llevando a cabo la aprobación del PERI, no podemos, como hace la Instrucción, en base a dicho precepto, exigirle la reserva del 30%.

III.- CONCLUSIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACTUAL REGULACIÓN EN LA LOUA

III.I-CONCLUSIÓN

Lo que no se puede hacer una Instrucción, es exigir como criterio general a todos los instrumentos de desarrollo de planeamiento general que no están adaptados a la LOUA, y hayan iniciado su procedimiento de aprobación, dicha reserva del 30%, porque eso no es lo que dice ni la LOUA, ni la D.T. Única de la Ley 13/2015, ni el Decreto 11/2008 y por tanto, tampoco lo puede decir el Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, vía Instrucción, para ese supuesto deberá llevarse a cabo la correspondiente reforma normativa que haga esa previsión. Por lo tanto, el contenido de esa Instrucción es ilegal y a los Planes Especiales que desarrollan unidades de ejecución que conforman áreas de reforma interior no se les puede imponer la reserva del 30% de la edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida. Y si así lo quieren o pretendan tendrán que hacer vía normativa, pero no vía Instrucción, tal y como se ha indicado.

De todas formas, cualquiera de esas opciones reguladas en la legislación autonómica andaluza también hay que indicar que excede y mucho de las inicialmente contempladas en la vigente Ley del Suelo de carácter estatal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, donde como se dijo en su momento, en el artículo 20 de esa Ley, se contemplan las reservas mínimas del 30% de la edificabilidad residencial destinadas a viviendas sujetas a regímenes de protección pública, para aquellos suelos rurales (no urbanizables) a incluir en nuevas urbanizaciones, esto es, suelos no urbanizables que con el nuevo planeamiento pasarían a ser urbanizables

III.II. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACTUAL REGULACIÓN DE LA LOUA

III.1-En primer lugar, tendríamos los efectos que se generan con las modificaciones operadas sobre el artículo 10.1.A.b) LOUA sobre todos en aquellos instrumentos de planeamiento que desarrollan ámbitos urbanísticos incluidos en dicho artículo en municipios que tiene adaptado el PGOU a la LOUA o han aprobado el mismo bajo la vigencia de dicha Ley.  No hay dudas al respecto, a todos ellos les será exigible la reserva del 30%, ya sean sectores, unidades de ejecución o áreas de reforma interior a desarrollar mediante Plan Parcial, Planes de Reforma Interior o Estudios de Detalle.

III..2-En segundo lugar hay que analizar la reserva del 30% en todos aquellos municipios que están llevando a cabo la adaptación de su planeamiento general a la LOUA. Para ese supuesto, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

Por lo tanto, a tenor de lo dispuesto en el anterior Decreto, la reserva del 30% se impondrá “a contrario sensu” a los siguientes ámbitos contemplados en le PGOU municipal y en el procedimiento de adaptación a la LOUA:

1º- A todos aquellos “sectores” que no cuenten con cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre. (Este supuesto ya venia contemplado en la D.T. Única de la Ley 13/2005)

2º- A todas aquellas “áreas” (unidades de ejecución) que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial al que se refiere este capítulo. (Este supuesto no viene contemplado en la LOUA ni en la Ley 13/2005 y se introduce vía Decreto 11/2008). Es decir, lo que no contempla la LOUA, lo introducen vía  Decreto.

III.3-En tercer lugar, hay que analizar la aplicación de la reserva del 30% en los ámbitos de desarrollo de Planes Generales no redactados bajo la vigencia de la LOUA y que además no están adaptados a la LOUA y que bajo estas condiciones inician la tramitación del Planes Especiales de Áreas de Reforma Interior y/o Estudios de Detalle de unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado. El Decreto 11/2008 no es de aplicación, obviamente porque no estamos en el supuesto de hecho, es decir, si estoy tramitando la aprobación inicial de un PERI, no estoy llevando a cabo una adaptación a la LOUA, son dos cosas jurídicamente distintas. A los efectos de lograr una solución jurídicamente válida, en el presente supuesto sólo tenemos lo regulado en la LOUA y lo previsto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo de Andalucía que introdujo la modificación inicial del artículo 10.1.A.b). Dicha Ley 13/2005 en lo que no ha sido derogada o modificada, sigue vigente y las transitorias también, pues nada se ha legislado posteriormente que las modifique.

III.3.1. Llegado a este punto, es clara la decisión o solución jurídica a tomar respecto a “sectores” a desarrollar en pleno 2021, mediante Planes Parciales estuvieran o no adaptados a la LOUA, en ese caso, todos (a no ser que tuvieren la aprobación inicial antes del 20.01.2007), deberán contemplar la reserva de 30% de edificabilidad. – Por aplicación de la  D.T. Única de la Ley 13/2005-

III.3.2. En cuanto a las “áreas” o unidades de ejecución,  todas aquellas que se configuran como suelos urbanos no consolidados y contemplan su ordenación y planificación mediante Estudios de Detalle, y además fueran anteriores a la LOUA y no estuvieran adaptadas a las previsiones de dicha Ley, ni en proceso, el Estudio de Detalle a aprobar  no tiene la obligación legal de contener ni se le pueden exigir la reserva del 30% de edificabilidad residencial para VPO, puesto que exceden de los supuestos contemplados en el artículo 10.1.A.b) LOUA y la D.T. Única de la Ley 13/2005.

III.3.3. Y por último, respecto a las áreas de reforma interior dentro de unidades de ejecución, a desarrollar por Planes Especiales o Estudio de Detalle, en Planes Generales aprobados con anterioridad a la LOUA o sin adaptarse a ella, en virtud de todo lo dicho, tampoco será exigible la reserva del 30% de edificabilidad residencial para vivienda protegida porque no hay norma legal que la ampare o fundamente.

Por lo tanto y a modo de resumen, el cuadro de exigencia de reservas de VPO en los instrumentos de ordenación y planeamiento será el siguiente:

 PGOU redactado LOUAPGOU adaptado a LOUAPGOU anterior a LOUA sin adaptarNNSS anterior y sin adaptar a LOUA
Plan Parcial Suelo Urbanizable SectorizadoSISISISI
Plan Especial Área Reforma Interior en U.E. (con previsión 30% VPO)SISISISI
Plan Especial Área Reforma Interior en U.E. (sin previsión 30% VPO)No puede darse ese supuestoNo puede darse ese supuestoNONO
Estudio de Detalle Suelo Urbano No Consolidado (con previsión 30% VPO)SISISISI
Estudio de Detalle Suelo Urbano No Consolidado (sin previsión 30% VPO)NONONONO

GRANADA A 28 DE ABRIL DE 2021

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

BADENES, RESALTOS Y OBSTÁCULOS VARIOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES

En el año 2015, y tras las protestas de mucho vecinos del pueblo, unos porque no querían los resaltos y badenes junto a sus viviendas, y otros tantos, porque no les gustaba por el impacto en los vehículos, el alcalde me formuló consulta sobre la reglamentación que pueda existir en la regulación y ejecución de pasos elevados que se instalan en las calles y vías urbanas del municipio a los efectos de reducir la velocidad de los vehículos en zonas sensibles de peatonales, tales como proximidad de colegios o afluencia de público en general.

Analizada la normativa en ese entonces (año 2015 y creo que a día de hoy no ha variado mucho) que existe en el acervo nacional, regional o local al respecto y que haya de cumplirse, me encontré con lo siguiente:

1º- _Que, a nivel municipal, no existe actualmente ninguna normativa, ni el PGOU ni en las ordenanzas municipales, donde ser regulen las condiciones técnicas de implantación de resaltos o reductores de velocidad.

2º- Que a nivel autonómico de Andalucía la normativa de referencia es la RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Dirección General de Infraestructuras Viarias, por la que se dispone la publicación de la Instrucción núm. 1/2009, de 30 de junio de 2009, y que traspone la Orden del FOM a las carreteras Autonómicas.

Y que en otras CCAA nos encontramos con los siguientes ejemplos:

-Murcia: Orden de 11 de octubre de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, sobre condiciones de la autorización para la instalación de pasos peatonales sobre elevados (ralentizadores de velocidad) en las travesías de la Red Regional de Carreteras de la Región de Murcia.

-Madrid: Orden de 17 de febrero de 2004, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se aprueban los requisitos técnicos para el proyecto y construcción de las medidas para moderar la velocidad en las travesías de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

-Navarra: Orden Foral 787/2001, de 10 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba la «Normativa Técnica para la instalación de Pasos Peatonales Sobre elevados (Ralentizadores de Velocidad) en las travesías de la Red de Carreteras de Navarra» y las condiciones de su autorización

 -Extremadura: Orden de 10 de febrero de 2009 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras de la Junta de Extremadura

            3º- A nivel estatal, la normativa de referencia es la que se contiene en la ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Publicada en el BOE nº 261 de fecha 29.10.2008.

Entrando a un análisis de la cuestión, desde el punto de vista puramente de la regulación del tráfico, hay que decir que:

-El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (RGC), determina lo siguiente:

“1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las vías o terrenos objeto de aplicación de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial necesitará la autorización previa de su titular y se regirán por lo dispuesto en la legislación de carreteras y en sus Reglamentos de desarrollo, y en las normas municipales…” (Artículo 4).

Por su parte, el RGC al referirse a los obstáculos y peligros, determina que:

“1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación (artículo 10.3 del texto articulado).

2. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas.” (Artículo 5).

En este marco, como ya se h dicho, la Orden 3053/2008, de 23 de septiembre, del Ministerio de Fomento, aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras del Estado (BOE nº 261, de 29 de octubre de 2008).  Ahora bien, la cuestión jurídica que se plantea es sí esta Orden del FOM es de aplicación plena a todas las vías en las que se instalen resaltos, al remitir el artículo 5.2 del RGC que hemos citado a la regulación básica del Ministerio de Fomento y no existir ninguna otra disposición legal que desarrolle esta cuestión.

Desde el punto de vista del ámbito competencial, se indica que la Orden se dicta al amparo del artículo 149.1.24 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las obras públicas de interés general y en desarrollo de la normativa estatal en materia de carreteras. Por otra parte, determina que será de aplicación a los proyectos de carreteras que formen parte de la Red de Carreteras del Estado.

El propio Ministerio de Fomento, considera que la Orden extiende su ámbito de aplicación exclusivamente a las carreteras del Estado, según consulta planteada por varios Ayuntamientos de capitales de provincia.

 En todo caso, también es cierto que añade el Ministerio de Fomento que nada impide aplicarla en el ámbito de otras redes viarias si así lo establecen las administraciones responsables de dichas infraestructuras.

Desde el punto de vista material, podría razonarse, tal como lo han señalado algunas de las administraciones de ámbito inferior al nacional, que las instrucciones técnicas citadas requieren de una cierta adecuación para la aplicación a determinadas categorías de vías urbanas (transporte público urbano, antigüedad de las calles y aceras) que tienen sus propias peculiaridades.

A modo de conclusión en este análisis se puede decir que:

-Sobre las consideraciones expuestas, los resaltos en las vías no son obstáculos, siempre que estas instalaciones garanticen la seguridad vial de los usuarios y de los ciclistas.

– Al no existir una norma básica que resulte de obligado cumplimiento para la ejecución de estas instalaciones en todo tipo de vías de circulación, cada administración pública podrá desarrollar sus propias instrucciones o normas, exclusivamente, en las vías de circulación de su competencia.

Ahora bien, aquellas administraciones públicas que no dispongan de normativa propia podrían solventar esta ausencia mediante la aplicación supletoria de las normas desarrolladas por el ordenamiento estatal, es decir por la Orden del FOM de referencia, si bien es cierto, que habría que estar a las características particulares de cada caso y por tanto se debería de tener una adaptación a cada ámbito.

Las administraciones municipales e incluso a las administraciones autonómicas, para aquel ámbito material no incluido en la red de carreteras del PGC, ante las carencias existentes en el ordenamiento propio y a modo de cláusula de cierre del ordenamiento jurídico aplicable no puede descartarse la aplicación supletoria de la Orden del FOM, con las matizaciones y particularidades dichas anteriormente, es decir, si bien los criterios técnicos de la Orden de la FOM puede ser el punto de partida, se necesitaría de una pormenorización de los mismos para los casos concretos de los municipios, puesto que si bien, las carreteras del Estado podemos decir que tienen una cierta homogeneidad, no podemos decir lo mismo de todas las vías urbanas de cada municipio.

Por lo tanto y a modo de conclusión de este apartado, decir que, no se escapa que esta aplicación supletoria del derecho estatal puede acarrear dificultades para las entidades locales a la hora de poder argumentar las particularidades propias y las características técnicas diferenciadas de sus instalaciones, (cascos antiguos, transporte público urbano, dimensiones de las calles, etc.).

En consecuencia, aquellas administraciones que no dispongan de normas propias ni hayan asumido como propias las previstas por otras, como es nuestro caso, se podrían encontrar en la situación de que, aunque justifiquen, según su propio criterio y caso por caso, que estas instalaciones tienen las condiciones de seguridad óptimas tanto para los usuarios de la vía como para los peatones, les reclamen la aplicación supletoria de las instrucciones técnicas de la administración, que aunque como ya se ha justificado no sería de obligado cumplimiento, por el ámbito de aplicación, y sería loable un desarrollo de las mismas en el ámbito de las vías urbanas, de la manera que se dirá a continuación.

La inseguridad jurídica que todo ello puede comportar, nos lleva a la conclusión de que las administraciones públicas que tienen instalados reductores de velocidad en las vías de circulación de su competencia debieran disponer de una regulación propia que desarrolle las características técnicas que deben tener estas instalaciones o, en su defecto y como mínimo, adoptar formalmente y como propia alguna de las regulaciones existentes.

RECOMENDACIONES

De contenido Formal:

Desde un punto de vista formal, se ha observado que las administraciones que disponen de regulación propia la han instrumentado a través de distintas herramientas jurídicas, interesando destacar aquí, sobre todo, la vertiente de la publicidad de su contenido e incluso de la participación de los usuarios de la vía en su elaboración. Diversas administraciones públicas, han publicado sus instrucciones técnicas o su norma reguladora para la colocación de los reductores de velocidad, bien por estimarlo oportuno, bien porque el instrumento jurídico adoptado para su regulación así lo exigía.

En todo caso, entendemos que cualquiera que sea el instrumento jurídico que se utilice debe garantizarse la debida publicidad para conocimiento de los destinatarios a los que va dirigido.

En este sentido, aunque la regulación pertinente se instrumente a través de instrucciones técnicas dirigidas a los órganos jerárquicamente dependientes, a tenor de lo previsto en la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común, deberían publicarse en el boletín oficial correspondiente, según la previsión que realiza el apartado segundo de ese artículo, por estimar conveniente este trámite por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.

Por otra parte, también resultaría pertinente que con carácter general se establezca el trámite de la consulta a las asociaciones profesionales y a las de los usuarios afectados por este tipo de instalaciones para contrastar y recoger las aportaciones sobre las medidas que se pretendan implantar.

Al respecto, en el ámbito municipal, la potestad reglamentaria de los ayuntamientos se instrumenta a través de los correspondientes Reglamentos y Ordenanzas, según el procedimiento previsto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, instrumentos que permiten la participación de los usuarios interesados en su tramitación. En suma, sobre este particular entendemos que cualquiera que sea la forma que adopte la regulación de las instalaciones de los reductores de velocidad, debería garantizarse la debida publicidad y, en su caso, la participación de los usuarios afectados y de las asociaciones y/o colectivos profesionales representados y más directamente afectados.

-De contenido Material:

– Desde el punto de vista del contenido material, se determinará el tenor específico de las instrucciones técnicas que deben tener estas instalaciones, si bien podemos señalar, tomando como punto de referencia las instrucciones técnicas existentes, – las de la orden ministerial – algunos aspectos a reseñar a los efectos de desarrollar la pertinente regulación.

 La regulación deberá tener en cuenta que el objetivo general es obtener una mayor seguridad en las vías de circulación, una vez detectado que el exceso de velocidad, por la falta de respeto a las limitaciones establecidas, convierte un tramo determinado en peligroso para los usuarios que la utilizan, principalmente peatones.

Ahora bien, dado que no podemos perder de vista que el objetivo es mantener o mejorar la seguridad de la vía, la instalación de reductores de velocidad no puede representar en ninguna circunstancia una menor garantía o merma en la seguridad de la circulación.

En consecuencia, la regulación correspondiente debe prever las medidas debidas para que cada una de estas instalaciones cumpla este objetivo general de garantizar la seguridad en las vías de circulación.

El tipo de instalaciones que regulan las distintas administraciones que tienen normativa propia difieren unas de otras, en algunos casos únicamente por la denominación que reciben, cuestión que resultaría de interés unificar para que cualquier interesado reconociera en su denominación el tipo de instalación a la que nos referimos.

Con respecto a los tipos de los reductores de velocidad y a modo de ejemplo de la confusión existente, observamos que todas las administraciones que tienen normativa propia regulan un tipo de instalación que cumple la función de paso de peatones con la siguiente denominación:

– Reductores de Velocidad de sección transversal trapezoidal que cumplen la función de pasos de peatones, situándose su rasante a un nivel ligeramente superior al firme de la calzada, de manera que los vehículos se ven obligados a superar una pequeña rampa de acceso para continuar su trayectoria. La Orden del FOM, lo denominan como “paso peatonal sobre elevado” (PPS).

– En igual sentido, todas las administraciones con normativa propia regulan otra instalación reductora de la velocidad que denominan: Reductores de Velocidad de “lomo de asno”, otros los denominan “badenes”. Son dispositivos de sección transversal de segmento circular y los definen como el obstáculo artificial abombado que se instala transversalmente a la calzada para limitar la velocidad de los vehículos.

– Por su parte, como ejemplo de la regulación específica necesaria para las vías urbanas municipales, otros Ayuntamientos regulan otra instalación que denomina: “Cojín europeo” que consiste en la elevación fuera del carril en su zona central, con el fin de reducir la velocidad de circulación de los vehículos de cuatro ruedas ligeros, cuya anchura entre ruedas sea inferior a la dimensión del dispositivo, sin afectar al paso de los vehículos de dos ruedas o de los autobuses.

En este contexto, reseñamos algunos aspectos a modo de guion que pudieran tomarse en consideración, para un futuro inmediato, para su regulación por este Ayuntamiento, donde no se dispone de normativa propia:

Primero: En primer lugar, entendemos pertinente evaluar la situación existente en el municipio, inventariando los distintos dispositivos instalados y su grado de adecuación a los criterios que se estimen de aplicación, tanto a la luz de las instrucciones técnicas ya disponibles, a la valoración de las características singulares que requieran de unas instalaciones diferenciadas y al grado de conflictividad que hayan podido generar (siniestros, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, otras quejas, etc.).

Segundo: Prever la realización de una memoria específica (informe técnico, proyecto o similar) sobre el problema de seguridad detectado, la falta de solución con otras medidas convencionales y la necesidad de ejecutar una instalación para reducir la velocidad de una vía de circulación. Este análisis global permitirá dejar constancia, en el correspondiente expediente, de todos los aspectos que se han tomado en consideración a la hora de tomar la decisión.

Tercero: Establecer unos criterios generales para seleccionar el tipo de instalación a implantar en cada circunstancia, las prohibiciones y limitaciones para su ejecución, siempre teniendo presente el objetivo general de que se trata de mejorar la seguridad de la vía.

Cuarto: Determinar que los criterios generales de implantación que se adopten tendrán en cuenta el tipo de usuarios de la vía (transporte urbano, vehículos pesados, peatones,…etc.), con la finalidad de buscar el punto de equilibrio entre la seguridad y la efectividad de las instalaciones que vayan a ejecutarse.

Quinto: Valorar la necesidad de que, en el trámite de determinación del tipo de reductor de velocidad a implantar o las características específicas de su ejecución, se dé audiencia a las asociaciones de usuarios o profesionales afectados por la medida.

Regular las características que deben tener cada una de las instalaciones, con especial referencia a la señalización tanto vertical como horizontal que garantice el acceso seguro de todos los usuarios a los reductores de seguridad instalados.

Sexto: Determinar que el diseño para la colocación de los pasos peatonales sobre elevados permitirá la continuidad de las rutas peatonales, garantizando los desplazamientos de las personas con movilidad reducida, de conformidad con la normativa de accesibilidad y barreras arquitectónicas.

Séptimo: Tomar en consideración otras normas sectoriales de aplicación como la correspondiente al ruido. Disponer de un período transitorio razonable para la adecuación de las instalaciones implantadas a la nueva regulación.

Octavo: Determinar que, antes de la implantación de este tipo de instalaciones y/o con posterioridad en caso de no haber resultado efectivas las campañas previas, la administración promoverá, en coordinación con el resto de administraciones competentes, las medidas tendentes a concienciar a los usuarios de la importancia del respeto a las normas de circulación y la señalización correspondiente como una garantía de la seguridad vial.

A la vista de las consideraciones anteriores, se concibe también la necesidad de trasladar a las administraciones públicas tanto a nivel municipal como Autonómico, como de Diputación Provincial (como titular también de carreteras provinciales) con competencia en la materia de referencia la siguiente:

Que las administraciones públicas locales, que todavía no lo han hecho, regulen a través del instrumento legal que estimen pertinente (ordenanza, reglamento,…) la instalación de reductores de velocidad en las vías de circulación de su competencia o se adhieran, mediante declaración expresa, a las instrucciones técnicas vigentes de otras administraciones públicas, como por ejemplo la ya vista Orden del Ministerio de Fomento FOM/3053/2008, de 23 de septiembre. A tal efecto se podría instar tanto a la Diputación Provincial de Granada como a la Junta de Andalucía a que lo hiciera.

Que el propio ayuntamiento, lleve a cabo dentro del ámbito de sus ordenanzas, la citada adaptación, que en cualquier circunstancia, de la debida publicidad a las instrucciones técnicas que se acuerden o, en su caso, a las que se adhieran para el conocimiento de todos los usuarios afectados por la regulación.

Que en la regulación de estas instalaciones contrasten la propuesta de regulación para la implantación de los reductores de velocidad con los representantes de los usuarios y de los colectivos profesionales directamente afectados.

Que se promueva atendiendo al principio de coordinación entre administraciones u otro mecanismo que se considere adecuado y con la participación añadida de los representantes de las asociaciones de municipios, la denominación uniforme de cada una de las instalaciones para la reducción de la velocidad, así como los criterios de diseño e implantación que puedan resultar comunes a todas o a la mayoría de las administraciones públicas.

Que, ante la peligrosidad de las vías y la falta de respeto de las señales de circulación, se establezcan de forma coordinada medidas de concienciación y otras medidas que promuevan el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los límites de velocidad, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, la proliferación de este tipo de instalaciones, y esto último es muy importante, porque si atendemos a las últimas declaraciones del Director General de Tráfico, con ocasión de las intervenciones por las últimas reformas de la normativa en materia de tráfico, Pere Navarro dejó la puerta abierta a la posibilidad de que, progresivamente, los badenes de las vías en las que a partir de ahora la velocidad máxima se ha establecido en 30 km/h, vayan desapareciendo, debido a que éstos están establecido para que los vehículos circulen a una velocidad prudente, y con una velocidad máxima de 30 km/h no serían del todo necesarios.

GRANADA a 10 de octubre 2022

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

LA DECADENCIA URBANA EN EL SUR DE GRANADA

Cuanto se habla del término “decadencia” en el ámbito urbano, lo relacionamos directamente con otros términos, por ejemplo, degeneración, podredumbre, plaga y finalmente muerte, urbana. ¿Es posible que lleguemos a presenciar un episodio de “muerte urbana”? Por supuesto, lo hemos visto hace poco en la ciudad de Detroit -USA, donde además de presenciar in situ, episodios urbanos a los que podríamos atribuir todos o algunos de los anteriores adjetivos, también se le aplica el económico, al caer en una escandalosa quiebra presupuestaria.

Pero el objeto del presente artículo no es ninguna ciudad norteamericana, sino cualquiera de los tres municipios más poblados de la costa de Granada, mi hábitat natural, donde hoy, sin lugar a ningún tipo de duda podríamos decir que son “municipios fallidos” por la nefasta y desoladora gestión económica y “de lo público”, por lo tanto, no solo desde el punto de vista económico sino también desde el urbanístico. No se puede hacer peor, solo hay que analizar y visualizar los estándares públicos para ver donde estamos y hacia donde vamos.

Empezamos por MOTRIL, es una ciudad que patológicamente ha sufrido un cáncer democrático sin parangón respecto de los otros municipios. Motril, partió hace décadas con dos hipotecas muy grandes. La primera hipoteca, un ayuntamiento, donde sucesivamente, cada responsable político que ha cogido el poder, ha cargado las nóminas municipales sin límite alguno, bien directamente en la plantilla municipal o en la extinta empresa municipal de limpieza (LIMDECO) que llegó casi a tener el mismo o más personal que el propio Ayuntamiento. La segunda hipoteca, un PGOU aprobado conforme a la antigua LOUA, con más carga ideológica que soluciones o adaptaciones a la realidad que el turismo y los distintos pilares económicos necesitaban. El resultado es desastroso, las intervenciones en espacios públicos, a excepción del centro urbano, y cuatro proyectos (ruinosos) de los fondos FEDER, han sido inexistentes y las que se han hecho no han aportado valor alguno. La zona turística, pierde valor, en el sentido de que hasta el único parque que hay en Playa Granada se deja que se arruine años y años, (aunque ahora se les eche la culpa a los jabalíes, benditos jabalíes), ni cobertura de telefonía móvil hay en Playa Granada, a duras penas se ha salvado el campo de golf, y el mantenimiento de las zonas verdes y limpieza ha sido asumido por el ayuntamiento cuando se lo endosaron a los promotores vía entidades urbanísticas de conservación, inexistente e imposible. Todo un éxito de gestión urbanística, donde desde hace tiempo se acogen desde la casa consistorial para no asumir lo que se hace, asume y costea en cualquier municipio del mundo. Igual que la carretera de acceso desde la CN-340, que en vez de conducirte a una zona turística de “lujo”, parece conducirte al fin del mundo. Que sí, todas las escusas que queráis, que no es vuestra, que es la CHG o de quien sea.

Solo hace falta ver la cantidad y calidad del visitante turístico de Motril, para adivinar que nunca se emprendió el camino correcto en el sector turístico. Una auténtica pena, de tiempo y recursos perdidos. Eso sí, el año que viene, a Fitur a seguir comiendo gambas, tal catetos en Madrid.

Parque Severiano Ballesteros en Playa Granada -MOTRIL-

En cuanto a SALOBREÑA, donde siempre se ha defendido que el turismo es la gallina de los huevos de oro, baste solo dar una vuelta por la playa, para ver como desde las instituciones públicas, se ha dejado de morir a la “gallina”. A todo animal, como a las plantas, si quieres que, de sus frutos se la ha de alimentar y cuidar. El paseo marítimo de Salobreña, lleva sin una intervención integral que lleva pidiendo a gritos, decenas de años. Y si nos vamos a la parte de atrás de la primera línea de playa, al denominado vial central, es el paradigma de la decrepitud urbana por excelencia, paseo que cuenta con el mismo albero que el que se le puso hace aproximadamente 30 años, farolas rotas, con báculos podridos, asientos destrozados y carcomidos, malas hierbas por las aceras y adoquines, árboles abandonados, es absolutamente penoso. El aguante y paciencia de los turistas y propietarios de inmuebles en Salobreña es superior al del santo Job.

Siempre se ha dicho que el valor de Salobreña es su casco antiguo, porque playa y sol hay en muchos sitios de España, pero pueblo, con esa fisionomía y atributos, solo Salobreña. Y respecto de la playa, pues tampoco es que podamos presumir, pero de pueblo si, ¿Y en que estado se encuentra el pueblo? Pues tan penoso como la playa, ya no solo por el lamentable estado de los espacios públicos, que también, sino por la dejadez absoluta por parte de los responsables municipales para que se cumpla con las ordenanzas y normativas municipales. ¡Es tan lamentable ver el estado de algunos inmuebles, de fachadas, de rincones! ¿Dónde está la labor coercitiva municipal? ¿Por qué no se actúa de oficio y/o subsidiariamente?

Cada vez que visito el pueblo, no solo veo envejecer a mis padres o a mis familiares, o a mis vecinos, también veo envejecer al pueblo, directo a una decadencia absoluta y negligente. Antes salvaba el pueblo la imagen desde fuera, después de la maldita calima, ni eso. Plan para limpiar la calima y salvar la imagen del pueblo, ni está ni se le espera. Idea gratis: bonificadle el IBI totalmente a quienes limpien las fachadas.

Por otro lado, recorrer sitios de enorme potencial turístico como el “Monte de los Almendros” y en lo que ha quedado, el penoso resultado actual, dejándose al albur de cuatro manos con intereses espurios, con una Entidad Urbanística que de facto constituye un pequeño ayuntamiento dentro de otro ayuntamiento, el de Salobreña, del que emana una más que notoria desidia de arreglar y asumir nada, la misma que lleva a que no se haya tutelado ningún tipo de desarrollo turísticos de residencial de lujo en todas las laderas contiguas hasta casi el término municipal de Almuñécar.

Calle Santa Cruz, casco urbano -SALOBREÑA-

En cuanto a ALMUÑECAR y La Herradura, era una cuenta pendiente, y este verano he tenido la oportunidad de saldarla. Algo mejor que los otros municipios, pero no libre de la “decrepitud urbana” y mira que, por tener más cercanía a Málaga, igual se le pegaba algo, pero ni por esas.  En cuanto estás unos días, te das cuenta que parece que no te han sacado un capítulo de “verano azul” (no solo en cuanto al mobiliario e inmuebles urbanos o al paisanaje urbano). Respecto a la limpieza, mucho mejor que los otros dos municipios, en cuanto al tratamiento de los espacios urbanos y mantenimiento y regeneración de los mismos, igual que los otros municipios. El caso más paradigmático en el término municipal de Almuñécar es La Herradura, ya sea como municipio o la propia Marina del Este. Si del núcleo urbano de La Herradura se tratase, el nivel edificativo es paupérrimo, pero si nos introducimos en cualquiera de las calles perpendiculares al “paseo marítimo” por llamarlo de alguna manera, es para hartarse de llorar cuando ves o transitas por el estado de dichas calles, donde habitan más los baches y agujeros que el propio asfalto. Si nos vamos a la sobrevalorada “Marina del Este” lo que vemos, no es que se ya solamente para hartarse de llorar, es que es de juzgado de guardia. Contemplar las escalofriantes edificaciones y bloques de pisos que se han construido y se siguen construyendo, y, por otro lado, una vegetación que es una auténtica selva, sin ningún tipo de mantenimiento con unas carreteras llenas de baches y quiebros, sin ningún tipo de aceras, zonas verdes o equipamientos, una auténtica jungla, además del peligro que entraña para cualquier desafortunado incendio, que por supuesto, en el estado en el que está la vegetación se lo lleva todo por delante. Todo ello, acompañado de un puerto deportivo, sin vida alguna, anodino, con edificaciones en primera línea en estado de derrumbamiento parcial. Todo un poema.

Toda ciudad, municipio, pueblo, necesita como tu propia casa, unos procesos de renovación constante, para ello se necesitan recursos, en estos municipios que he citado, se nota que los recursos se destinan o son necesarios para otra cosa. Además, se necesitan responsables políticos comprometidos, aquí pueden que lo estén, pero se ve que, con los procesos de renovación urbana, no lo están y con el turismo de calidad tampoco. Y finalmente, los funcionarios, importantísimos, porque gracias a nuestro sistema democráticos, perfectos analfabetos y analfabetas ascienden a cargos de dirección de política municipal, pero si los funcionarios de los que dependen las decisiones públicas urbanísticas, no son gente seria, responsable, y comprometidos, con el estado vital y de renovación constante que requiere un municipio, entonces poco futuro tienen estos municipios. Tan poco como ninguno.

He tenido la oportunidad de viajar estos últimos años por municipios de la costa portuguesa, por otros del propio litoral andaluz, como de la limítrofe provincia de Málaga. En cualquier playa de Portugal, por muy recóndito que esté el pueblo, a nivel de equipamiento de playas, nos coloca en el tercer mundo turístico. Desde Estepona hasta Fuengirola, es otro mundo si lo comparamos con la costa de Granada. Por ejemplo, lo que ha hecho el alcalde de Estepona y su equipo de gobierno con ese municipio los últimos años, no tiene nombre, es simplemente espectacular, ya no solamente desde el ámbito de la regeneración urbana, sino desde otros tantos, limpieza, seguridad, etc… Otro ejemplo es Fuengirola, el proceso urbanizador en la zona del Higuerón, es extraordinario, aunque esté en lo alto de un cerro y a kilómetros de la costa, tanto uno como el otro nos lleva a ver como una buena gestión pública hace que aumente el tema de la inversión privada de calidad que hace que eleve la categoría turística de dichos municipios. En los tres municipios costeros, lo único que se elevan son los salarios de sus responsables políticos y determinados funcionarios. Allí hay municipios en constante renovación, no hay manera de que envejezcan, aquí municipios que se mueren, la antítesis de lo que está pasando en la costa de Granada.

Calle acceso a Marina del Este -La Herradura-Almuñecar-

En definitiva, estamos condenados.

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

Marina del Este (La Herradura-ALMUÑECAR)

1 de agosto de 2022

BRISTOL, BATH & SALISBURY (Stonehenge).

Es la primera vez que me atrevo a escribir sobre un viaje realizado, antes teníamos nuestros libros de viaje, donde apuntábamos y recogíamos muchas de las vivencias, ahora como tenemos el blog, aprovechamos también para escribir experiencias viajeras, como en el presente caso.

Después de dos años de pandemia, de encierros, forzosos y otras veces voluntarios, aprovechando la festividad del Corpus Christi en Granada, este año de 2022,  y con las ganas que tenía los niños de viajar a otro país europeo, nos decidimos hace meses por buscar algo por el Reino Unido, y así experimentar también la soltura del idioma inglés de la familia, principalmente de los niños.

El MIÉRCOLES 15 de junio de este año 2022, salimos del aeropuerto de Málaga a las 22:00 horas hasta el aeropuerto de Bristol, con la compañía Ryanair. Si planificas el viaje con tiempo, la verdad que puedes sacar los billetes bien baratos, en este caso, con una reserva casi de unos tres meses antes, el precio de los billetes de avión ida/vuelta los cuatro, unos 400,00 euros, con la opción de dos piezas de equipaje de mano, que te permite llevar en cabina, el bolso de mano 40x20x25 (o pequeña mochila) y la maletita de 55x40x20. Que la verdad, para pasar 4 días, llevando una por persona, tampoco necesitas facturar maletas y así evitar pasar por el mostrador del aeropuerto y entrar directamente con la tarjeta de embarque online que previamente has configurado en la app de Ryanair, no hace falta ni imprimirla. Aterrizamos en el aeropuerto de Bristol, casi a las 00:00 de la noche, no habíamos reservado nada para trasladarnos al centro de la ciudad donde está el hotel. Vimos en internet que había autobuses toda la noche y taxi justo a la salida de las llegadas. La opción, viajando con niños, fue el taxi. Efectivamente, sales del aeropuerto y justo a la izquierda, la parada de los https://www.arrowcars.co.uk/location/bristol/ , eso sí, aunque estén en la calle, para contratar el servicio debes de entrar en la mini oficina que tienen junto a la parada, 50 libras para llevarte al hotel. En nuestro caso el https://www.booking.com/hotel/gb/bristol-city-centre.es.html .

El hotel lo reservamos también con tiempo en www.booking.com , te daba la posibilidad de anular la reserva casi con un par de semanas de antelación y porque, además, era el único que incluía en el precio el desayuno. Al fin y al cabo, lo único necesario, más si viajas con niños, y porque en un viaje como este, el resto del día lo pasas fuera.

JUEVES, 16 de junio.

Habíamos contratado un mes antes y por internet una visita guiada de 2 horas por el centro de la ciudad con www.civitatis.com , como forma de tener un primer acercamiento a la ciudad de Bristol, y luego ya buscarnos la vida. En este caso, fue un acierto, nuestro guía, Paco, fue un cicerón extraordinario, joven que llevaba ya varios años en la ciudad, pleno conocimiento de historia, cultura, gastronomía, monumentos, un 10 para Paco. Quedamos justo al lado de St. Peter Church situada en Castle Park, a 5 minutos andando desde nuestro hotel. Zona donde se pueden ver las antiguas ruinas de los muros de la vieja ciudad.

Castle Park

Ya el primer día nos dimos cuenta de que la ubicación del hotel fue todo un acierto, puesto que nos pilla a mano todo lo que hay que visitar del centro de la ciudad y a 20 minutos andando de la estación del tren. Y, además, solo cruzando la calle, tenemos a las calles más comerciales de la zona y un pequeño centro comercial urbano.

Pasamos las 2 horas con Paco, de forma muy amena, haciendo un recorrido por Castle Park, St. Peter Church, Bristol Bridge, Bridge St con High Street, los canales, la zona de Welsh Back.

En esta última zona destacan varias cosas, una arquitectónica, encontramos en la confluencia de la Little King St y Queen Charlote St, un edificio de estilo bizantino conocido como Granary.

The Granary

 https://en.wikipedia.org/wiki/Granary,_Bristol y en segundo lugar la ubicación en una misma calle o manzana de estupendos sitios para comer y beber, como https://threebrothersburgers.co.uk/ posiblemente las mejores hamburguesas de Bristol y cualquiera de los establecimiento ubicados en King Street, como los que hay situados la fondo de la calle, como: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g186220-d6280084-Reviews-or170-The_Famous_Royal_Navy_Volunteer-Bristol_England.html donde se puede degustar el famoso asado inglés del domingo con unas pintas de cerveza extraordinaria, luego están otros afamados pubs como del https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g186220-d5957842-Reviews-The_Old_Duke-Bristol_England.html .

Canal junto a Welsh Back
King Street

Seguimos hasta la preciosa Queen Square, la zona de The Grove, (desde donde hay unas preciosas vistas a las casitas de colores al otro lado del canal y al majestuoso pináculo de St. Mary Church, la estatua de John Cabot en Narrow Quay, cruzamos a Bordeaux Quay, lleno de establecimiento de servicios, paseamos por en boulevard entre Broad Quay y Anchord Rr.

Continuamos la visita por College Green, desde donde pudimos ver tanto la Catedral de Bristol, como el Ayuntamiento de Bristol y la enorme plaza ajardinada que hay entre ambos. Seguimos hasta Park St, que es la continuación de College Green, y en el primer puente a la derecha se puede observar la famosa pintura de Banksy, que, si continúas viendo las ventanas del edificio, observas, que son el mismo diseño que el utilizado en la pintura. Ya se sabe que el afamado y a la vez desconocido grafitero es de esta ciudad y algún «desliz» lo identifica con Robert de Naja, el cantante del grupo Massive Attack, originario de Bristol. https://www.lavanguardia.com/cultura/20170623/423624692752/banksy-cantante-massive-attack-desliz.html?facet=amp

Ayuntamiento de Bristol
Ayuntamiento de Bristol y parque
Park Street
Pintura de Banksy al inicio de la subida de Park Street

Nos dimos la vuelta hasta llegar a Quay Street donde pudimos ver varios graffitis urbanos en pleno centro de la ciudad, de artistas reconocidos, llegamos hasta St.Johns Church (Nelso Street), entrando bajo su arco hasta Broad Street, donde estaban rodando una película, lo que nos llevó a seguir por John Street, hasta llegar a la puerta de St. Nicholas Market en Corn Street, donde se acabó la magnífica visita.

«Mujer con bebé» de https://elmac.net/
Graffitis de http://www.conorharrington.com/

Terminado el tour, decidimos irnos a comer a https://threebrothersburgers.co.uk/ y la verdad, es que ni las hamburguesas ni el ambiente defraudaron. Una vez terminamos de comer, vuelta al hotel a descansar. Por la tarde, nos fuimos andando hasta la parada de autobuses que hay en el boulevard junto a The Cenotaph en Colston Avenue, donde nos subimos en la línea 8 de los autobuses urbanos, que sube hasta las inmediaciones del  Puente Colgante de Clifton, sobre el Río Avon.

Puente colgante de Clifton
Parque junto al Puente Colgante de Clifton

Muchos deciden subir andando por Park Row, la verdad es que es una cuestecita considerable, pero con muchos establecimientos pintorescos que ver, nosotros al ir con niños, decidimos subir en bus y bajar luego andando y se portaron de 10. Una vez paramos en lo alto, frente al puente, y hechas fotos de rigor, andamos un poco hasta acercarnos más al puente, la verdad es que muy bonito, tanto el puente, como el parque aledaño, lo que conforma una imagen de paisaje especial. Hay una barrera con policías y no dejan pasar andando al puente, solo coches.

Luego fuimos bajando por Sion Hill y nos gustó muchísimo el barrio, tiene un aire bohemio, con casitas unifamiliares, y muy caras, con pequeños negocios, también de artículos muy caros.

Zona The Mall

Hicimos una parada en el 32 Princess Victoria St, Clifton, donde nos tomamos unos cocteles en la terracita del https://www.thebristolfringe.co.uk/ que nos vino de miedo, mientras escuchábamos de fondo «Top Yourself» del grupo The Raconteurs:

Y ya que nos preparábamos para marcharnos, empezaban a meter los artilugios e instrumentos varios para un concierto en directo, en el establecimiento. Al pagar, el joven camarero me pregunta que de donde éramos , le digo que de España, le pregunto que si ha estado o la conoce, me responde que no, pero que quiere irse a vivir a Málaga. 😄

Después del avituallamiento, seguimos bajando dirección al hotel, bajando por Regent St, Clifton Road, Lower Clifton Hill, Berkely Pl a las espaldas de Cabot Tower, hasta salir a Queen Road a la altura de la imponente Wills Memorial Building Tower, desde donde empezamos a bajar por Park Row hasta llegar de nuevo al centro de la ciudad, y al hotel a cenar y descansar.

Wills Memorial Building Tower

VIERNES 17 de junio.

Una semana antes y a través de la app “trainline”, reservamos los billetes de tren desde Bristol Temple Meads Train Station hasta la localidad del Salisbury, tren directo, con varias paradas en el trayecto, entre ellas en Bath, a donde vamos mañana.

Estación de Tren de Bristol

Después de una 1 hora y 15 minutos aproximadamente, llegamos a Salisbury, a las 10:32 a.m.,  la estación de tren es pequeñísima, salimos, y justo a la izquierda, a diez metros, está la parada del bus que nos dirige a Stonehenge, cuyos  billetes también compramos por internet, en https://www.thestonehengetour.info/bus-timetable/ , ticket familiar, unas 108 libras, incluido el ticket a Stonehenge y Old Sarum (antiguo asentamiento de la ciudad de Salisbury), no escogimos la opción del ticket de la catedral, porque preferíamos ir a nuestro aire, cosa que nos salió bien, porque ese día la entrada era gratis. Al entrar en el bus de dos plantas, la conductora te da el ticket y el folleto informativo.

Recreación de poblado en el centro de visitantes de Stonehenge

El trayecto del bus hasta Stonehenge duró casi una hora, al llegar al centro de visitantes, tienes que ponerte en la cola para subirte en el bus que te lleva hasta las piedras, unos 2 km. Otra opción es ir andando, ese día hacía más de 30ºC, como que no era buena opción.  Con el mismo ticket que nos dieron en el bus que nos trajo hasta aquí, entras en Stonehenge y en el bus que te lleva hasta las piedras. A las 11:00 más o menos, empezamos la visita.

El sitio es un páramo espectacular con las piedras allí colocadas, la visita se hace circundando las piedras, en algunos puntos te acercas más que en otros, disfrutas del momento, el aire suave también te hace más llevaderos los 30ºC y el sol, y los cuervos alrededor de las piedras y desafiando a los visitantes contribuyen a distraer a los niños, después de estar casi una hora allí, esperamos de nuevo al bus que nos lleva de vuelta al centro de visitantes, donde además de ver una recreación de poblados primitivos, es obligada la entrada a la tienda de souvenirs.

Volvemos a la zona de parking de lo autobuses, esperamos unos 15 minutos, nuestro autobús, y vuelta a Salisbury, a donde llegamos sobre las 13:00 horas, después de pasear por el precioso centro de la localidad, buscamos un lugar para comer en Salisbury Market Place, una plaza espectacular.

La plaza, llena de tiendas, de restaurantes con sus terrazas, adornos pintorescos y con una bucólica imagen de lugar con encanto inglés. En ese momento, nos lleva el aviso al Gmail, de que el tren de vuelta a Bristol, ha sido cancelado, y nos comunican que podemos cambiarlo por otros más tarde. Nos metemos para ver que trenes hay, y la aplicación, nos dice que ninguno. Con la noticia que nos acaba de llegar, parece que la comida no se nos puede hacer muy amena, preferimos centrarnos en ella y en olvidar el problema, ya veremos como volvemos, la mala noticia no va a frustrarnos lo que queda de día en la preciosa Salisbury.

calle de acceso a Market Place desde la Catedral
calle con canal dirección estación de tren de Bath

Después de comer, en https://leonardoslapiazza.uk/ , le comentamos a los camareros (emigrantes bosnios) el problema que tenemos, se meten ellos en la web de los trenes y ven que antes de las 19:45 hora del tren previsto de vuelta, hay otros trenes, así que decidimos irnos a ver la Catedral. En esta localidad no hay distancias, parece salida de un cuento, supercuidada, limpia, etc…. Pasamos casi una hora viendo la Catedral de Salisbury, de estilo gótico inglés, de piedra caliza, con la típica aguja, que dicen es la más alta de Inglaterra (123 metros de altura). Tiene una bonita fuente situada en el pasillo central, que llama muchísimo la atención, por su estilo y su ubicación en ese sitio, es una fuente conmemorativa. Es una auténtica preciosidad.

Catredral de Salisbury
Entrada Catedral Salisbury
Patio Catedral Salisbury
Bóveda principal Catedral de Salisbury
Fuente conmemorativa pasillo central de la catedral

Después de salir de la Catedral y dada la intranquilidad de como volver a Bristol, nos fuimos andando, callejeando por Salisbury hasta la estación de tren. En las taquillas preguntamos como podíamos coger otro tren de vuelta, tras la anulación del nuestro y nos indicaron en ventanilla, que con ese mismo billete digital que teníamos en el móvil, podíamos coger el tren que quisiéramos. Vimos que había uno de vuelta a las 18:15, así que hicimos tiempo bebiéndonos una coca cola en una taberna típica de pueblo frente a la estación, -à https://railwaytavernsalisbury.co.uk/

Después de casi otra hora y cuarto de viaje, donde ni tan siquiera vimos a revisores pidiendo los billetes de tren, llegamos de nuevo a la estación de tren de Bristol, cogemos un taxi en la puerta y vuelta al Hotel (8 libras). Descanso, ducha y cena, y como es muy pronto para dormir nos vamos a dar una vuelta, la intención era entrar en http://www.lhgbrewpub.com/gallery , pero vista la hora, no dejaban entrar con niños, con lo cual, nos sentamos en la terracita sobre el río, justo en el local de al lado: https://www.wellheadbristol.com/ magníficas cervezas, cocteles y ambiente en la misma rivera del Cumberland Basil o canal que entra en el centro de Bristol creando el puerto artificial, hasta continuar para juntarse de nuevo con el río Avon.

SÁBADO 18 de junio.

El tiempo cambia totalmente, caída brusca de temperaturas, acompañada de llovizna. Ayer compramos en la aplicación trainline los viajes para Bath. Ayer comprobamos que se tarda menos de 15 minutos en tren desde Bristol. Salimos de la estación de Bristol para Bath a las 10:00 a.m., 12 minutos después estábamos en Bath, (precio billete ida/vuelta los cuatro, 26,67 euros).

Ejemplo de reutilización de mobiliario urbano en desuso
Ejemplo de decoración urbana centro ciudad Bath
Zonas ajardinada urbanas en Bath con mobiliario multiuso

El centro histórico de Bath es tan pequeño como bonito, todo pilla a mano, no merece la pena comprar ningún ticket de bus turístico, lo mejor es andar. Nos fuimos callejeando hasta llegar a la plaza donde están las Termas Romanas y la Abadía de Bath, como había previsión de lluvia al medio día, decidimos andar y ver todo lo que nos diera tiempo antes de llover y en todo caso cuando apareciera la lluvia, nos metíamos en las Termas y en la Abadía.

Nos fuimos andando hasta Queen Square, desde allí empezamos a subir por Gay Street hasta The Circus, y desde allí a la zona de Royal Crescent, son unas zonas urbanas muy pintorescas y arquitectónicamente interesantes.

Royal Crescent
Royal Crescent

Bajamos de nuevo al centro por la misma zona, y nos detuvimos en la casa museo de la escritora Jane Austen (Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicios, etc…), bueno, aguantas una charlas en inglés de 20 minutos sobre toda su familia, ves una casa típica de la zona, y por lo menos, al final, tienen una zona de vestuario, que te dejan coger los vestidos de época y ponértelos y hacerte fotos con un photocall de una casa de época con su jardín, un buena diversión para los niños y las niñas, y nos menos niños. Jijijiji. También tiene una especie de escritorio donde dejan escribir con plumas y tinta, como antiguamente.

Casa Miuseo Jane Austen

Sobre las 13:30 horas, nos encontramos con un bar-restaurante, en Barton Street cuya carta indicaba “spanish food”, de cabeza, https://pintxobath.co.uk/ hasta pude beberme una Alhambra 1925.

Después de comer, nos fuimos al centro a tomarnos un café, frente a las Termas, empezaba a llover, nos fuimos a comprar los tickets en la entrada y nos dijeron que lo teníamos que hacer a través de la web. Una vez comprados, entramos en el turno horario correspondiente, sobre las 16:15 horas. Muchos turistas, no entran en las Termas Romanas al ver el precio de los tickets, error. Has viajado hasta allí, y no puedes hacer eso una vez que estas en la puerta, la visita no es de un ratito, te dan una audioguía, que también está en español y puedes pasarte allí dentro perfectamente más de una hora. (Aprovechad los auriculares del bus de stonehedge para la audioguía y así no os cansaréis). Lo que se ve dentro es todo un espectáculo, en cuanto a arquitectura, museo, historia…

Vista de las Termas Romanas de Bath desde el pasillo superior
Vista de las Termas Romana de Bath
Vista de las Termas Romanas a nivel del vaso principal con vista al fondo de la Abadía de Bath

Una vez salimos de la Termas, entramos en la Abadía, está justo al lado, no cobran ticket, solo la voluntad, eso sí, con tarjeta de crédito (como en todos lados, todos los días que llevamos aquí apenas encontramos un sitio donde se nos permita pagar en cash). La Abadía es también una auténtica preciosidad, la visita puede ser de unos 45 minutos. No pudimos hacer el tour de la torre, y justo a las 18:00 horas cerraban, con lo cual, estuvimos un poco más de media hora. De estilo gótico, uno de los elementos más característicos es la bóveda de abanico, típico del gótico inglés tardío, que la verdad, es un espectáculo contemplarla. Para más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_Bath

Abadía de Bath
Bóveda pasillo central

Al salir de la Abadía, nos fuimos a ver el Puente Pulteney sobre el río Avon, una maravilla arquitectónica, en similitud al famoso Puente Vecchio de Florencia (salvando las distancias, y diferencias), visitamos las tiendecitas que hay sobre dicho puente y bajamos hasta la zona ajardinada de abajo, junto al río, volvimos a subir y callejeamos por el centro, nos acercamos hasta la famosa https://www.sallylunns.co.uk/ .

Puente de Pulteney desde el parque
Río y Puente de Pulteney

Esa tarde noche decidimos irnos a cenar a https://threebrothersburgers.co.uk/ , era sábado tarde-noche, además de un ambiente juvenil desaforado en toda King Street, principalmente en los aledaños del The Old Duke Pub  https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186220-d5957842-Reviews-The_Old_Duke-Bristol_England.html y en el The Llandoger Trow Pub  https://llandogertrow.co.uk/ , en la hamburguesería, el ambiente era igual de juvenil pero algo más tranquilo, aunque el DJ, subía el nivel a ritmo de su música. Pudimos probar unas magníficas hamburguesas y buenas pintas de cerveza inglesa, todo ello desde las mesas ubicadas dentro de la barca sobre el canal, mientras caía un diluvio de la leche, y a las 22:00 ya estábamos en la habitación del hotel.

King Street la tarde del sábado
Three Brothers Burgers
Interior barco Three Brothers Burgers

DOMINGO 19 de junio

Día de retorno a España. Tenemos el vuelo a las 17:45 horas, hora local inglesa. El Check out en el hotel, hay que hacerlo a las 11:00. Desayunamos a las 9:00 y aprovechamos para ir a dar una vuelta por Bristol y ver lo que aún no hemos tenido ocasión de ver. Nos dirigimos a la Catedral de Bristol, que está situada junto al Ayuntamiento de Bristol, tardamos unos 15 minutos en llegar, acaba de empezar una misa, nos reciben amablemente y nos entregan una biblia y el pasquín con los rezos y cantos de la misa.

Catedral de Bristol
Interior Catedral de Bristol
Exterior Catedral de Bristol

Al ver que vamos con niños, una amable abuela se acerca para ofrecernos llevarse a los niños a la pequeña escuela para niños que hay junto al altar mayor y donde, durante la duración de la homilía tienen atendidos a los niños, con la celebración de talleres, eso lo vimos después también en St. Mary Redcliffe Church. Lógicamente no nos íbamos a tragar toda la misa, vimos la catedral de la manera que pudimos y nos volvimos al hotel a hacer el check out.

La Catedral de Bristol es interesante desde el punto de vista arquitectónico  porque una de las características principales, es que, a diferencia de los estilos góticos que hemos visto, esta catedral carece de triforio entre la zona de la arcada y el claristorio superior, lo que evita que tenga esa altura de otras construcciones góticas, y produce el efecto visual, en primer lugar, de que no parezca tan alta, que no lo es, siendo las bóvedas, relativamente bajas, y sobre todo, la falta de luz e iluminación natural, a diferencia de otras catedrales góticas.

Para más información : https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Br%C3%ADstol . Volvimos al hotel, a hacer el check out, dejamos las maletas y nos fuimos a visitar otra zona de la ciudad, el otro lado de los canales, la zona de The Grove, cruzando por el Redcliffe Bascule Bridge hasta llegar a la iglesia de St. Mary Redcliffe Church, cuyo pináculo hemos estado viendo todos los días. La visita merece muchísimo la pena, la iglesia desde que la ves desde fuera, parece que la han sacado de una película de Harry Potter, desde su oscura y casi terrorífica entrada, hasta su impresionante interior. Volvimos a dar con una celebración de una misa, la guardería interior, lleno de niños, da igual que estén haciendo lo que quieran, la misa sigue su curso.

Exterior St.Mary Redcliffe Church
Entrada St. Mary Redcliffe Church
Espacio infantil dentro de la iglesia
Interior de la Iglesia
Bóveda St. Mary Redcliffe Church
Laterales bajos de la Iglesia

Una vez terminamos la visita, nos bajamos hasta la zona de Merchant¨s Quay, donde pueden verse unas casitas típicas junto al muelle super bonitas. Continuamos hasta Princes Wharf y Museum Street, desde aquí, están las mejores vistas sobre la ciudad de Bristol, sin ningún tipo de duda, es una zona donde se han reconvertido los antiguos almacenes y muelles en espacios urbanos, museísticos y de ocio popular. También se puede visitar el famoso barco The Matthew of Bristol:  https://matthew.co.uk/  un barco de época con el cual John Cabot en 1497 llegó a Canadá.

Vistas de Bristol desde el otro lado del Canal.
Barco The Matthew of Bristol

De vuelta para el Hotel, eran ya las 13:00 horas, decidimos no marcharnos de la ciudad sin probar el famoso asado del domingo, del que nos habían hablado, así que hicimos parada en The Famous Royal Navy Volunteer situado en movida calle King Street, nº 15-17: https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g186220-d6280084-Reviews-The_Famous_Royal_Navy_Volunteer-Bristol_England.html . Cumplió las expectativas.

The Famous Royal Navy Voluntereer
Asado del domingo junto con una buena pinta de cerveza

Ya en el hotel, a través de Uber, coche para el Aeropuerto (26 libras), llegamos 2 horas antes de la salida del vuelo. Un caos tremendo, como no teníamos que facturar maletas, directamente a salidas, nuestro gozo en un pozo, el vuelo se retrasa nada más y nada menos que casi tres horas. Llegamos al aeropuerto de Málaga a las 11:00 de la noche.

Bristol, nos ha sorprendido, tal y como nos comentaron al llegar, es una de las ciudades más europeas de Inglaterra, de echo fueron muchas las revueltas contra el Brexit y durante muchos días. Es una ciudad donde por las calles se aprecia una medida de edad muy joven. Este año ha sido nombrada como la ciudad más sostenible de Inglaterra, y sólo hace falta ver y observar el mobiliario urbano para entenderlo. Venden institucionalmente que es una “Friendly City”, en las calles se ve muchísima libertad, durante los casi cuatro días que hemos estado no hemos visto policías, si mucha gente joven disfrutando de la buena temperatura en los espacios públicos, en eso, y en otras cosas, nos ha recordado mucho a Amsterdam. Para el idioma inglés y los que venimos de fuera, algo complicado, tienen su propio acento, ¡son Brizzel! = Bristol. Vamos como los andaluces en España. Pero se puede sobrevivir. Salisbury es simplemente una ciudad de cuento, no tiene ningún “pero” invita a estar y disfrutar, y Bath, la más pequeña, ha cumplido todas las expectativas, simplemente perderse, andar y visitar obligatoriamente las Termas y la Abadía, que están al lado.

Mención especial a los más jóvenes de la casa, además de portarse genial, han andado, atendido y aprendido sin parar en estos casi 4 días.

GRANADA a 23 de junio de 2022

Antonio Gutiérrez Alonso

UNA DE EMPADRONAMIENTOS

SUPUESTO DE HECHO:
Empresario local, perteneciente además al partido político X, del cual es concejal en el municipio, el mes de noviembre de 2021, se persona en el departamento de Secretaría General del Ayuntamiento X situado en la Comunidad Autónoma de Andalucía acompañado de diputada del Congreso de los Diputados para empadronarla en el municipio. La interesada rellena el formulario de empadronamiento e indica como domicilio la vivienda del empresario y político local del mismo partido político. No presentan ningún tipo de documentación que acredite fehacientemente la residencia de la diputada nacional en el municipio, ni contrato de alquiler, ni de compra de vivienda, ni de relación personal (matrimonio, pareja de hecho…) únicamente la declaración del empresario y titular de la vivienda, de que la diputada vive con él. Una vez que sale a la luz pública la posible irregularidad del empadronamiento el empresario y concejal, y a su vez dueño de la vivienda, declara en los medios que la diputada no vive con él.

CUESTIONES:

1º- ¿Deben los funcionarios gestores del padrón municipal empadronar sin más a la diputada nacional en el municipio en virtud de las circunstancias y lo que aporta en el acto de solicitud de empadronamiento? ¿Tiene la obligación el órgano gestor del padrón, a través de la policía local comprobar la veracidad de los términos del empadronamiento? Es decir, que es el domicilio real y efectivo de la diputada. Y en ese caso ¿Cuántos días hubiera tardado la policía local del municipio en comprobar la veracidad de que el sujeto realmente tiene su domicilio allí?

2º- ¿Si en vez de ser el empresario y la diputada nacional, hubiese acudido al servicio de secretaría municipal otra persona residente en el municipio junto con su primo que acaba de llegar de otra parte de España, en la misma situación, se hubiese empadronado tan rápido sin aportar ni un solo documento? ¿Tiene la obligación el órgano gestor del padrón, a través de la policía local comprobar la veracidad de los términos del empadronamiento? Es decir, que es el domicilio real y efectivo de la diputada. Y en ese caso ¿Cuántos días hubiera tardado la policía local del municipio en comprobar la veracidad de que el sujeto realmente tiene su domicilio allí?

Si va Pedro Sánchez o Feijoo a empadronarse en tu municipio de 12.000 habitantes, ¿Tú crees que el alcalde se entera o no?

– Y si encima el empadronamiento realizado por la diputada ha sido par poder concurrir a las elecciones autonómicas de Andalucía, ¿Qué tenía que haber hecho la alcaldesa del municipio?

5º- ¿Y si no ha hecho nada cuando lo tenía que haber hecho? ¿Qué puede pasar, aplicando la normativa que regula el padrón y la legislación electoral?

I.- NORMATIVA DE APLICACIÓN AL SUPUESTO DE HECHO RESPECTO DEL EMPADRONAMIENTO.  

La Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LBRL-, en relación con el Padrón municipal vigente y publicada en el BOE de fecha 12.01.1996, establece la actual redacción del artículo 15 de la LBRL, dicho artículo dice literalmente:

Artículo 15.

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.»

De igual forma, la meritada Ley 4/1996 le da también una nueva redacción al artículo 16 Y 17 de la LBRL, que quedaría de la siguiente manera:

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.

      El artículo 17 de la LBRL, estipula en su apartado primero, que: “1.La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado”.

A nivel estatal, en el BOE de fecha 2.05.2020, se publicó la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en dicha resolución entre otras cosas, el artículo 1, regula las condiciones generales que han de tenerse en cuenta para la gestión del padrón y las inscripciones correspondientes. De esta manera, además de las consideraciones generales de la Ley, ya indicadas anteriormente, también se dice en el apartado 5 al 14, lo siguiente:

4. Cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito, o en su caso por los medios electrónicos habilitados, su alta en el Padrón del municipio de destino comunicando en la solicitud el municipio o país de procedencia. En caso de desconocer el municipio de su anterior inscripción padronal lo hará constar así.

Asimismo, en el caso de cambiar de domicilio en el municipio o cualesquiera otros datos de la inscripción padronal, deberá solicitar por escrito, o en su caso por los medios electrónicos habilitados, su modificación.

5. El Ayuntamiento facilitará la hoja padronal o formularios, en formato físico o electrónico, cuyo modelo se establece en el apartado correspondiente de esta Resolución, para que se le notifiquen los datos obligatorios que deben figurar en la inscripción padronal, identificando los que son de carácter voluntario, según se establece en el artículo 57 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

6. En la hoja padronal o formulario de solicitud de alta figurará que la inscripción en el Padrón de ese municipio implicará la baja automática de cualquier inscripción padronal en otro municipio o Registro de Matrícula Consular, en el caso de que exista, anterior a la fecha de la solicitud.

7. La hoja padronal o formulario será firmada, de forma física o por los sistemas de firma admitidos en caso de tramitación por medios electrónicos, por todos los vecinos cuyos datos figuren en la misma o, en su caso, por su representante legal.

8. El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación de los documentos que acrediten su identidad y el domicilio en el municipio, que se definen en los apartados correspondientes de esta Resolución.

9. Con carácter general, siempre que un ciudadano solicite el alta o la modificación de cualquiera de sus datos en el Padrón de un municipio aportando los documentos necesarios para probar su identidad, representación en su caso, y residencia real en el mismo, se procederá a realizar su inscripción en el Padrón sin más trámite, siendo efectiva desde ese momento y sin que sea posible otorgarle efectos retroactivos.

10. Cuando existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano, antes de proceder al alta, o a la modificación de datos en el Padrón, el Ayuntamiento, presentada la correspondiente solicitud por parte del interesado, ordenará los actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud, dictando la correspondiente resolución.

11. El plazo para la realización de los mismos y la notificación de la resolución correspondiente al interesado es el general de tres meses establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. La resolución que dicte el Alcalde-Presidente (o persona en quien delegue) resolviendo la solicitud de inscripción puede fijar como fecha de alta la de la propia solicitud, siempre y cuando se den las circunstancias contempladas en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 (es decir, que a la fecha de la solicitud el interesado residiera en el municipio y que no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas).

13. Si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 39/2015), desde la fecha de su solicitud.

14. En el supuesto de denegación de la inscripción será necesaria una resolución motivada por parte del Alcalde-Presidente (o persona en quien delegue), según el artículo 35 de la Ley 39/2015, haciéndose constar que la citada resolución denegando el alta en el Padrón municipal será susceptible de impugnación conforme al régimen general establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por lo tanto, según la normativa que regula el Padrón de Habitantes, los ayuntamientos:

-Tienen la obligación de realizar las actuaciones y operaciones que sean necesarias para que sus padrones se mantengan actualizados, de tal modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad.

-Tienen la facultad de exigir a los ciudadanos que se quieren empadronar o que ya se han empadronado, la aportación de documentos con la única finalidad de comprobar la veracidad de los datos consignados en sus respectivas hojas padronales.

Esto significa que tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten su residencia en el domicilio que figure en el padrón, y en caso contrario, también implica que si el gestor municipal tuviese dudas razonables de que las altas que se solicitan no se basan en la residencia efectiva en el municipio, puede pedir al solicitante que aporte algún documento que sirva únicamente para verificar la realidad de la residencia efectiva.

II.- NORMATIVA DE APLICACIÓN RESPECTO A ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE CANDIDATO/A A PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, publicada en el BOE nº 28 de 01.02.1986, establece en su artículo 4, apartado 1, que: “Son elegibles todos los ciudadanos que, tengan la condición de electores, salvo los comprendidos en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo”.

El artículo 2 de esa Ley dispone: “Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio activo, tengan la condición política de andaluces conforme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía”.

El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE de 20.03.2007), establece asimismo que:

Artículo 5. Condición de andaluz o andaluza.

1. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía.

2. Como andaluces y andaluzas, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado.

3. Dentro del marco constitucional, se establecerán los mecanismos adecuados para promover la participación de los ciudadanos extranjeros residentes en Andalucía.

Los requisitos, en cuanto al tema de la nacionalidad y residencia, se concretan en: “tener la nacionalidad española” y la “condición política de andaluz”, esta última se concreta, a tenor de lo establecido conforme al Estatuto de Autonomía, teniendo “vecindad administrativa en cualquier de los municipios” de la comunidad, es decir, estar empadronado en alguna localidad o municipio de Andalucía.

Por lo tanto, una vez expuesto todo lo anterior, vamos a hacer un intento por contestar todas y cada una de las respuestas planteadas al inicio del supuesto

1º- ¿Deben los funcionarios gestores del padrón municipal empadronar sin más a la diputada nacional en el municipio en virtud de las circunstancias y lo que aporta en el acto de solicitud de empadronamiento? ¿Tiene la obligación el órgano gestor del padrón, a través de la policía local comprobar la veracidad de los términos del empadronamiento? Es decir, que es el domicilio real y efectivo de la diputada. Y en ese caso ¿Cuántos días hubiera tardado la policía local del municipio en comprobar la veracidad de que el sujeto realmente tiene su domicilio allí?

En principio, a tenor de lo previsto en el apartado 9 del artículo 1 del la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, que dice:

9. Con carácter general, siempre que un ciudadano solicite el alta o la modificación de cualquiera de sus datos en el Padrón de un municipio aportando los documentos necesarios para probar su identidad, representación en su caso, y residencia real en el mismo, se procederá a realizar su inscripción en el Padrón sin más trámite, siendo efectiva desde ese momento y sin que sea posible otorgarle efectos retroactivos.

El Ayuntamiento podría empadronar a la Sra. Diputada, teniendo en cuenta la reserva de que el único documento que ha aportado al procedimiento es la declaración del titular de la vivienda, de que vive con ella (aunque cuando salta a los medios la posible irregularidad en el empadronamiento, declara que no vive con ella), pero es que también podría no haberlo hecho si existieran dudas razonables, por lo que tal y como indica el apartado 10 del citado artículo 1, el Ayuntamiento de X, debería de haber ordenado los  actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de lo declarado en el acto de empadronamiento. El Ayuntamiento del municipio X, tiene la obligación de comprobar la veracidad del empadronamiento, después e incluso antes de practicarlo, en virtud de lo establecido en el apartado 8 y 10 del citado artículo 1, ambos apartados dicen literalmente:

8.El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación de los documentos que acrediten su identidad y el domicilio en el municipio, que se definen en los apartados correspondientes de esta Resolución.

10. Cuando existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano, antes de proceder al alta, o a la modificación de datos en el Padrón, el Ayuntamiento, presentada la correspondiente solicitud por parte del interesado, ordenará los actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud, dictando la correspondiente resolución.

¿Y se realizó tal comprobación? Evidentemente no consta. ¿Y cuál es la explicación? Los implicados lo sabrán.

La comprobación suele partir desde el propio departamento de secretaría general y se realiza con la ayuda de los agentes de la policía local, quienes acuden al domicilio a realizar las oportunas averiguaciones.

En cuanto al espacio temporal, para resolver, hay que tener en cuenta el apartado 11 del citado artículo 1, el que indica que la resolución de empadronamiento (positiva o negativa) ha de notificarse en el plazo de tres meses.

2º- ¿Si en vez de ser el empresario y la diputada nacional, hubiese acudido al servicio de secretaría municipal otra persona residente en el municipio junto con su primo que acaba de llegar de otra parte de España, en la misma situación, se hubiese empadronado tan rápido sin aportar ni un solo documento? ¿Tiene la obligación el órgano gestor del padrón, a través de la policía local comprobar la veracidad de los términos del empadronamiento? Es decir, que es el domicilio real y efectivo de la diputada. Y en ese caso ¿Cuántos días hubiera tardado la policía local del municipio en comprobar la veracidad de que el sujeto realmente tiene su domicilio allí?

Esta pregunta cada cual que la responda como quiera.

3º Si va Pedro Sánchez o Feijoo a empadronarse en tu municipio de 12.000 habitantes, ¿Tú crees que el alcalde se entera o no?

-Evidentemente que se entera, y si no se entera, igual algunos podrían dudar sobre las cualidades que reúne esa persona para ser alcalde/sa de un municipio pequeño.

4º- Y si encima el empadronamiento realizado por la diputada ha sido para poder concurrir a las elecciones autonómicas de Andalucía. ¿Qué ocurriría si el Ayuntamiento de X actuara contra el empadronamiento 5 meses después y una vez presentada la candidatura de la diputada a la presidencia de la Junta de Andalucía?

Evidentemente el acto de empadronamiento de la diputada es un acto constitutivo de derechos, ya que crea o genera una determinada situación jurídica, en este caso, la “condición política de andaluz al tener de hecho y de derecho la “vecindad administrativa” en un municipio del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al estar empadronado. Cumpliéndose por tanto la exigencia contemplada en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Si el Ayuntamiento de X actúa “contra” el acto de empadronamiento de la diputada x, estaría cumpliendo con lo que le dice la ley, si bien, tarde, mal y a destiempo. Las razones solo la sabrán los responsables políticos del Ayuntamiento X. Eso no es óbice para que no se actúe, dentro de un procedimiento donde se garantice el derecho de audiencia y prueba de la interesada, en primer lugar, comprobando la veracidad de la documentación presentada (declaración del titular de la vivienda) y con la correspondiente investigación de los agentes de la policía local. Si de las investigaciones, se deriva que el empadronamiento ha sido fraudulento, cosa que parece probable, puesto que el propio titular de la vivienda, ha declarado en los medios públicos que es notorio que la diputada no vive con él:

https://www.larazon.es/andalucia/20220520/bg52g5ny3ndztowu3t6usih6mi.html

(parece que la mayor parte del tiempo reside en Madrid, por sus compromisos como diputada nacional), y que de las visitas y averiguaciones realizadas por los agentes de la policía local, parece deducirse la no presencia de la diputada en la vivienda de referencia, tomando veracidad las declaraciones del titular de la vivienda

En el supuesto de que finalmente se anulase el empadronamiento por resolución municipal, (previa emisión en ese sentido del preceptivo informe vinculante recogido en el artículo 85.e del RD 2612/ 1996 del Consejo de Empadronamiento dependiente del Ministerio de Hacienda, dentro de meses o años) la nulidad, obviamente tendría consecuencias desde la fecha desde que se otorgó, no es que tenga o no un efecto retroactivo, no, es que un acto, si es nulo de pleno derecho, lo es desde que tuvo su origen, y por tanto, se anulan también sus efectos, tal y como mantiene pacífica y constante doctrina jurisprudencial y doctrinal. Por lo tanto, si finalmente, se declara nulo el empadronamiento de la Sra. Diputada, habrá decaído, la situación jurídica que la habilita para ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, y la Junta Electoral de Andalucía no tendrá más remedio que anularla. Cosa distinta es la resolución que dicha institución ha emitido hace uno días declarando válida la candidatura de la Sra. Diputada, en tanto en cuanto, de la documentación que obra en el expediente administrativo, no hay aun ninguna resolución de nulidad del empadronamiento, todo lo contrario, lo que hay es el empadronamiento en sí, por lo que es totalmente ajustado a derecho la resolución del recurso presentado por “Andaluces Levantaos”. Sea como fuere y dada la hiperburocratización de cualquier procedimiento, incluido éste, la Sra. Diputada, será candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y dentro de años pasará lo que sea.

Existen muchos precedentes donde se pueden ver las consecuencias jurídicas de la anulación de un empadronamiento, por ejemplo, los que se llevan a cabo por padres y madres para conseguir plazas en colegios para sus hijos, y una vez anulados los empadronamientos, los hijos se quedan sin plazas en el colegio donde habían sido escolarizados:

https://www.granadahoy.com/granada/ninos-cambiar-colegio-falsear-datos_0_634736655.html

https://www.consumer.es/economia-domestica/servicios-y-hogar/falso-empadronamiento-que-consecuencias-tiene.html

Entonces ¿Que dice la Junta Electoral de Granada que no hay efectos retroactivos en el caso de que se anule el empadronamiento? ¿Y lo que hacen con los niños que cambian de colegio a mitad de curso escolar tras anular los empadronamientos falsos que es?

Amén de otro tipo de consecuencias, en las que nadie ha entrado:

https://elcorreoweb.es/andalucia/catorce-detenidos-acusados-de-facilitar-empadronamientos-falsos-a-inmigrantes-XF7337231

¿Qué eso lo hacen y lo han hecho desde todos los partidos políticos? Evidentemente, lo que se le ha escapado a la Sra. Diputada, es que ella y su partido parece que no están dentro de ese “pacto de no agresión” en el que al parecer si están los otros partidos políticos y provoca que llevemos años viendo a “políticos paracaidistas” pululando por todas la provincias y comunidades de este país, buscando una “colocación”.

Pero cuando se viene a “regenerar” la política y a ser diferente, además de parecerlo, hay que serlo, porque si se utilizan las mismas artes e instrumentos que los otros a los que venimos a combatir, al final, podemos caer en que la ciudadanía nos vea como uno más. Sin ir más lejos, lo que parece ser le pasó al menguante PODEMOS.

CONCLUSIONES

1º) La Sra. Diputada, no ha hecho nada distinto de lo que llevan haciendo todos los políticos de todos los partidos desde la democracia en cualquier territorio de España.

2º) Es un caso paradigmático de que una vez más, ni los funcionarios públicos ni la extensa y amplia burocracia son garantía de nada. El sistema galdosiano produce estas cosas. EEUU y Reino Unido, tienen otro sistema y funcionan mucho mejor. No por tener más funcionarios y más burocracia se garantiza más y mejor, eso es falso. Y la inacción administrativa en plazo produce estas consecuencias.

3º) La demanda por prevaricación que le ha puesto la Sra. Diputada a la Alcaldesa del municipio, no tiene mucho sentido ni recorrido, igual se la tenían que haber puesto antes, por el hecho de no haber realizado sus trabajo de comprobación y/o anulación del empadronamiento a tiempo y una vez se presentó la solicitud en noviembre. Quizás también, la prevaricación no solo tendría objeto sobre la responsable política sino sobre los funcionarios responsables del padrón, por omisión de llevar a cabo sus actuaciones de comprobación.

4º) Dicho lo anterior, también manifiesto que es imposible que todos los ayuntamientos de España, cumplan escrupulosamente con la legalidad, formas y plazos de todo el maremágnum normativo al que se ven sometidos en todos los procedimientos. Mucho menos los ayuntamientos de municipios pequeños, cada vez con menos recursos y con más competencias, derivadas de la normativa estatal y autonómica.

5º) Cuando alguien defiende a ultranza la legalidad, debe ir “a reglamento” con todo lo que haga, porque sino no se puede predicar con el ejemplo, corres el riesgo de convertirte en una más del sistema y de sus actos.

6º) No sabemos cuál será al final la resolución que tomará el Ayuntamiento de X con el empadronamiento, si finalmente lo anulará o no. En el caso de que lo anule, la Junta Electoral de Granada, tiene complicado, aunque no imposible el mantener la candidatura de la Sra. Diputada, contingencia esta que parece increíble no haberse valorado por los responsables políticos del partido, ya que era probable que pudiese ocurrir.

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

GRANADA a 25 mayo 2022

HECHOS CIERTOS-JUSTICIA INCIERTA

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HECHO CIERTO NÚMERO 1: El Ayuntamiento de Z, llevó a cabo la toma de un acuerdo de pleno en fecha 13.06.2013 aprobando un Proyecto de Obra Pública -en adelante POP- conforme a lo establecido en el art. 143 LOUA a fin de ejecutar obras de “abastecimiento y saneamiento de la zona…..” con cargo a cuotas de  liquidación de obras de urbanización, que se aprueban provisionalmente a resultas de la ejecución de obra. El ámbito es un polígono industrial de los años 70-80 donde no existían redes públicas ni de saneamiento ni de abastecimiento.

HECHO CIERTO NÚMEROS 2: Uno de los afectados interpone un Recurso de Reposición, alegando que se debía de haber hecho una aprobación inicial, plazo de alegaciones y posterior aprobación definitiva. Meses después, se informa jurídicamente y se le da la razón a la parte alegante. Aunque de forma extemporánea, se estima el Recurso de Reposición y se toma nuevo acuerdo de pleno de fecha 30.10.2014 estimando las alegaciones. Se retrotrae el procedimiento, se lleva a cabo nueva aprobación inicial con notificaciones, publicaciones y plazo de alegaciones.

                Contra dicho nuevo acuerdo, de nuevo la empresa X, presenta escrito alegaciones, solicitando la nulidad de todo el acuerdo de pleno basándose básicamente en la improcedencia de girar cuotas de urbanización para implantar unos servicios que debiera costear el ayuntamiento, conforme a las características y régimen jurídico del suelo.

HECHO CIERTO NÚMERO 3: Antes de la toma del acuerdo de Pleno 30.10.2014, la empresa X interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo de pleno de fecha 13.06.2013 y pidió medida cautelar de suspensión. El Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Granada, mediante auto de 24.04.2014, denegó la medida cautelar respecto a la desestimación presunta del recurso de reposición. La empresa X recurrió a la sala del TSJA en Granada, quien en Sentencia 288/2015 dimanante del procedimiento número 543/13 recurso de apelación 482/14, desestima la pretensión de la empresa: Roj: STSJ AND 1458/2015 – ECLI:ES: TSJAND:2015:1458.

HECHO CIERTO NÚMERO 4: Transcurrido el plazo de alegaciones y exposición pública de la aprobación inicial, se toma nuevo acuerdo de pleno llevando a cabo la aprobación definitiva del POP y de la aprobación provisional de la liquidación de las cuotas de urbanización (a fin de poder recaudarlas para poder contratar las obras), dado que contra dicha aprobación inicial no se presentaron ningún tipo de alegaciones ni recursos. La aprobación definitiva de las cuotas de liquidación se llevará a cabo cuando se adjudique y ejecuten las obras.

HECHO CIERTO NÚMERO 5: A pesar de que el Ayuntamiento de Z mediante nuevo acuerdo de pleno de fecha 30.10.2014 acordó retrotraer el procedimiento hasta una aprobación inicial y posterior definitiva, la empresa X no desistió del Recurso de Reposición contra el  1º acuerdo de pleno, el de fecha 13.06.2013, y por eso el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada dicta sentencia de fecha 31/7/2015 sobre el recurso contencioso mantenido, en la que anuló el acuerdo de pleno de fecha 13 de junio de 2013 de aprobación inicial del expediente del POP 2012/03, determinando en su fallo:

“1º.-Que debo Estimar y Estimo el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad la entidad «xxxxx , SA» , representada y asistida por el el Sr. Letrado don xxxxxxxx contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto el 31 de julio de 2013 contra la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Z de 13 de junio de 2013 por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de Obra Pública 2012/03 presentado por la entidad codemandada

2º.- Que ANULO las resoluciones recurridas por no ser conformes a derecho, así como la nulidad del expediente y ORDENO LA RETROACCIÓN de actuaciones a la fase de inicio del mismo.

3º.- Se imponen las costas a la parte demandada. ”

HECHO CIERTO NÚMERO 6: La anterior sentencia fue objeto de apelación por los letrados del ayuntamiento, por cuanto consideraban: «que el propio ayuntamiento volvió sobre sus pasos, y mediante nuevo acuerdo de pleno de fecha de 30 de Octubre de 2014 retrotrajo el expediente Administrativo, y acordó nueva aprobación inicial y concedió trámite de audiencia al interesado (trámite de audiencia omitido en el primer acuerdo de 13/6/2013 y que fue motivo de sanción de nulidad por la referida Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2), dando así cumplimiento a la Sentencia dictada por el Jugado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada«.

HECHO CIERTO NÚMERO 7: Muy hábilmente, la representación letrada de la empresa X, en trámite de resolución del Recurso de Apelación interesó la ejecución provisional de la sentencia obtenida en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, extremo este que consiguió, lo que dio lugar al planteamiento por el Ayuntamiento de Z de correspondiente Recurso de Apelación.

HECHO CIERTO NÚMERO 8: La Sala del TSJA en Granada, se pronuncia ante el Recurso de Apelación planteado por el Ayuntamiento de Z, contra la ejecución provisional de la sentencia, recayendo sentencia nº 885/17, de 17.04.2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, rollo nº 1098/16, sección 4ª por la cual se estimó el recurso y se revocó el auto del juzgado, declarando en su lugar no haber lugar a la ejecución de la sentencia que se pide. Pieza conclusa.

HECHO CIERTO NÚMERO 9: Igualmente el Ayuntamiento de Z interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia de 31.07.2015 que emitió el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Granada. Dicho recurso se sustanció mediante sentencia dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Granada, Sección Cuarta, Rollo 79/2016, de fecha de 21 de diciembre de 2017, Roj: STSJ AND 15152/2017 – ECLI:ES: TSJAND:2017:15152. Realmente una sentencia para enmarcarla o para llevarlas a las escuelas de práctica jurídica, porque al mismo tiempo que en su fundamento jurídico quinto determina:

-“El apelante alude como motivo de apelación que existe imposibilidad de ejecución de la sentencia en los términos que ha sido dictada en su relación causal con los posteriores actos administrativos dictados por la propia entidad local, engarzando este planteamiento con el tenor dispositivo de la resolución adoptada por Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha de 30-10-14, citada en el fundamento jurídico tercero. Al respecto no podemos más que determinar la improcedencia de la interposición del recurso de apelación, puesto que ha mediado una satisfacción de las pretensiones propias de la parte apelante en la vía administrativa, dejando el recurso de apelación sin contenido alguno, dado que lo acordado por la sentencia es precisamente lo acordado por la Administración Pública al resolver expresamente, aunque extemporáneamente, el recurso de reposición, resolución respecto de la cual la Juzgadora no manifiesta nada en su resolución judicial, a pesar de haber acordado la ampliación del recurso contencioso administrativo a esa concreta y expresa resolución.

Termina con el siguiente fallo:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Z contra sentencia de fecha 31-7-15 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Granada en el procedimiento núm. 543/13; y, en consecuencia, se confirma dicha resolución judicial.”

Pocas entenderás bastan para que en atención a lo expuesto en el F.J. quinto, entender que el recurso de apelación ha sido desestimado, simplemente porque no había sido necesario interponerlo, puesto que como la propia sentencia indica, ya había mediado una satisfacción extraprocesal. Pero de ahí, a terminar el fallo, CONFIRMANDO LA RESOLUCIÓN JUDICIAL RECURRIDA innecesariamente, es decir la sentencia del juzgado, va un trecho, “gordo” y de importantes consecuencias.

HECHO CIERTO NÚMERO 10.-En fecha 08.06.2017 se aprobó definitivamente la cuenta de liquidación del POP procediendo a las notificaciones a los afectados. Contra dicho acuerdo, se interpuso Recurso de Reposición nuevamente por la empresa X, que fue desestimado mediante acuerdo de fecha 26.12.2017. Nuevo Recurso Contencioso Administrativo, esta vez dicho recurso fue resuelto por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Granada mediante sentencia 329/2018 de 18.12.2018, Autos 311/2017, desestimándolo y confirmando el acuerdo administrativo de aprobación definitiva de las liquidaciones.

HECHO CIERTO NÚMERO 11.- De nuevo, muy hábilmente, la representación letrada de la empresa X, insta ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Granada en autos de ejecución 543/2013, la ejecución de la sentencia que el propio Juzgado dictó en fecha 31.07.2015, ya que el fallo de la sentencia del TSJA la “confirma”. La representación letrada municipal se opone, en tanto en cuanto argumenta ante el juzgado, que los fundamentos de derecho de la sentencia del TSJA manifiesta que se desestima la Apelación, porque ya existió una satisfacción extraprocesal.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Granada, resuelve mediante Auto que no ha lugar a la ejecución de la sentencia de 2015.

Dicho Auto es recurrido por los letrados de la empresa en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, y en contradicción a lo fundamentado en su propia sentencia de 21.12.2017 (Roj: STSJ AND 15152/2017 – ECLI:ES: TSJAND:2017:15152. La que consta en el Hecho Cierto Número 9.) dictó Sentencia el 11.06.2020, nº 1340/2020, (Roj: STSJ AND 6182/2020 – ECLI:ES:TSJAND:2020:6182) dimanante del procedimiento de ejecución nº 543.5/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, donde estimó el recurso interpuesto por la recurrente contra el auto indicado, “ y  en su consecuencia, se revoca dicho auto y se declara que la Sentencia nº 401/2015 no ha sido ejecutada, debiéndose proceder por el Ayuntamiento de Z a realizar la retrotracción de las actuaciones que en su día dicha sentencia se ordenaba y dar trámite de audiencia a la empresa X, antes de dictar resolución aprobatoria definitiva del Proyecto de obra pública 2012/03.”

Esa sentencia, en sus fundamentos jurídicos, aprovechando las alegaciones de la representación letrada del Ayuntamiento, que alegan que no es posible atender a la apelación planteada por la empresa, toda vez que por sentencia previa de la misma Sala se acordó que había existido una satisfacción extraprocesal con un nuevo acuerdo de Pleno con retroacción de actuaciones y sentencia firme no recurrida.

Pues bien aun así, ahora la Sala, en sentencia donde debe resolver una apelación sobre una denegación de ejecución de sentencia, manifesta en su F.J. Segundo que:

En el caso que nos ocupa, no se ha observado el cauce procedimental previsto en el artículo 76, a pesar de que nada impedía al Ayuntamiento de Z plantearlo al juzgador de instancia. Y sin que sea suficiente a tales efectos la simple sugerencia, realizada en sede de apelación, sobre la eventual satisfacción extraprocesal cuando tal sugerencia no ha ido seguida del planteamiento formal a las partes de su posible concurrencia.

-En segundo lugar, y desde un punto de vista jurídico-lógico, tampoco puede entenderse que el acuerdo de 30 de octubre de 2014 haya dado satisfacción a la pretensión de la mercantil actora. Y es que a la vista del fallo de la sentencia cuya ejecución aquí se discute y del auto de aclaración de la misma no cabe deuda de que dicho acuerdo fue declarado nulo de pleno derecho; es decir, inexistente. Y lo que no existe no puede producir efecto ni, por tanto, satisfacer pretensión alguna.

Concluyendo que: “En consecuencia, hay que estimar el recurso de apelación y con revocación del auto impugnado, declarar que la sentencia 401/2015 no ha sido ejecutada; debiéndose proceder por el Ayuntamiento de Z a realizarla retroacción de actuaciones que en dicha sentencia se ordenaba y dar trámite de audiencia a XXXXXX S.A.U. antes de dictar resolución aprobatoria definitiva del Proyecto de Obra Pública 2012/03”.

Es decir, en una sentencia para resolver una apelación sobre una resolución denegatoria del juzgado, que deniega la ejecución de una sentencia, se convierte en vehículo para revisar de oficio por los propios magistrados, los fundamentos de derecho de otras sentencia emitida sobre los mismos hechos, hace tres años.

Sencillamente, de traca.

Pero es que ahí no queda la cosa…

HECHO CIERTO NÚMERO 12. Acuérdense del Hecho Cierto número 10, la sentencia 329/2018 de 18.12.2018, Autos 311/2017, desestimando el Recurso Contencioso-Administrativo, confirmando el acuerdo administrativo de aprobación definitiva del POP y de las liquidaciones. Pues también fue recurrida en apelación por la empresa X y como consecuencia de esa última sentencia de la Sala, (1340/2020), la propia Sección Cuarta de la Sala de TSJA dicta otra sentencia, la nº 1114/2021 revocando la sentencia 329/2018 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada, que sencillamente, era impecable, sobre un acto administrativo firme, ejecutivo, sobre el que ni se había formulado alegaciones ni recursos de reposición respecto a la aprobación definitiva del POP. ¿Y con que argumentos jurídicos? Los mismo que los utilizados en la sentencia 1340/2020, y que “en definitiva, aunque entendiésemos que el Acuerdo de 22.10.2015 se dejó firme y consentido, resulta que dicho Acuerdo se enmarca en un procedimiento cuya nulidad viene acordada en Sentencia firme de 31.07.2015 (RD 401/15) tal y como expone el recurrente en su escrito de apelación”. ¡TREMENDO ¡

CONCLUSIONES:

PRIMERO: La Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativo sede Granada del TSJA formada por la Ilma.Sra. Mª Luisa Martín Morales como presidenta y las Ilmas. Sras. Magistradas: Dña. Beatriz Galindo Sacristán y Dña. Cristina Pérez Piaya Moreno., emiten la sentencia número 2.564 de 2017, 21.12.2017, la Sentencia del TSJA STSJ AND 15152/2017 – ECLI:ES: TSJAND:2017:15152. Dicha sentencia como se ha expuesto en el HECHO CIERTO 9 tiene una incongruencia manifiesta entres sus fundamentos de derecho y su fallo.

Sentencia firme. 2017.

SEGUNDO: La parte interesada hace uso de esa confusión, instando al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada a ejecutar la sentencia de 2015 que emitió el propio juzgado y fue recurrida en apelación por el ayuntamiento, obteniendo la anterior sentencia de 2017. Ante las alegaciones de la representación letrada del Ayuntamiento X, el propio juzgado que emitió la sentencia deniega a la empresa, la ejecución de la misma. La empresa recurre a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA sede Granada, en sede de la sección cuarta de conformada por la Ilma.Sra.Presidenta Dña. Beatriz Galindo Sacristán, Ilmos. Sres. Magistrados: D. Silvestre Martínez García y Dña. María Rosa López-Barajas Mira (ponente de la sentencia), dictó Sentencia el 11.06.2020, nº 1340/2020, (Roj: STSJ AND 6182/2020 – ECLI:ES: TSJAND:2020:6182) dimanante del procedimiento de ejecución nº 543.5/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, donde estimó el recurso interpuesto por la recurrente contra el auto indicado, “ y  en su consecuencia, se revoca dicho auto y se declara que la Sentencia nº 401/2015 no ha sido ejecutada.

TERCERO: Ahí no queda la cosa, sino que el acuerdo de pleno, firme ejecutivo de 2018 por el que se aprobaba definitivamente las liquidaciones de las cuotas y que declaró conforme a derecho el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada, es de nuevo tumbado en el Recurso de Apelación por la propia sección cuarta de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, con los mismos argumentos, tal y como se ha indicado en el apartado Hecho Cierto número 11. Y en resumen, que una sentencia para resolver una apelación sobre una resolución denegatoria del juzgado, que deniega la ejecución de una sentencia, se convierte en vehículo para revisar de oficio por los propios magistrados, los fundamentos de derecho de otras sentencia emitida sobre los mismos hechos, hace tres años.

Ni que decir tiene de las consecuencias económica y administrativas de las resoluciones analizadas para el ayuntamiento.

FIN DE FIESTA. AHÍ QUEDA LA JUSTICIA.

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

Granada a 24 de enero de 2020

EMPATE Y DESEMPATE EN LAS LICITACIONES DE CONTRATOS PÚBLICOS. CUANDO DAVID PUEDE GANAR A GOLIAT, O NO.

SUPUESTO DE HECHO

Clase de Contrato: Contrato de Ejecución de Obra

Criterios de Baremación: Único, el económico.

Empresas Licitantes: Varias

Resultado de aplicar el criterio de baremación: Empate.  

Adjudicación del contrato: Empresa -A- con 100% trabajadores con minusvalía (1 solo trabajador)

I.- INTRODUCCIÓN

Se licita la adjudicación de un contrato de obras, de escasa cuantía, pero que supera el umbral del contrato menor. Transcurrido el plazo de licitación se constata la presentación de varias plicas. Tras la aplicación de los criterios de baremación, dos empresas obtienen la misma puntuación, quedando una tercera muy por debajo de las dos primeras, que a su vez empatan a puntos. La empresa A tiene un 100% trabajadores en situación de minusvalía (1 sola trabajadora en plantilla), la empresa B tiene un 20% de la plantilla con minusvalía (10 trabajadores).

II.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA DIRIMIR EL DESEMPATE.

II.1. El artículo 147 LCSP regula los “criterios de desempate”. En el apartado 1º del meritado precepto, se indica que:

                “Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas”.

                Indicando además a continuación que dichos criterios de adjudicación específicos, para llevar a cabo el desempate además de estar vinculados al objeto del contrato de referirán a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.

c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

Y de forma residual, el apartado 2º de dicho precepto, viene a establecer la cláusula que dispone que, en defecto de la previsión de criterios de desempate en el clausulado de los pliegos, el desempate se resolverá mediante la aplicación POR ORDEN DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS SOCIALES, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

II.2. El Pliego de cláusulas administrativas particulares de contratación -PCAPC- del supuesto de hecho contemplaba de manera expresa en su cláusula 14ª, como criterios de desempate los siguientes:

A.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, se establece la prioridad en la adjudicación del contrato en caso de empate, a la proposición presentada por el licitador que en el momento de presentar la proposición tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.

Si varias empresas licitadoras, de las que hubieran empatado, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla:

B.-Tendrán prioridad en la adjudicación las ofertas que, estando en igualdad de condiciones con otras, correspondan a empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por 100 de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos citados en el art. 147 LCSP.

C.-En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

1) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

2) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

3) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

III.- ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIR EL DESEMPATE

Comunicada a las dos empresas empatadas el acuerdo de la mesa de contratación donde se les da conocimiento de la situación de empate a puntos, se les requiere a ambas para que presenten la documentación para acreditar las circunstancias referidas a los criterios de desempate, todo ello a los efectos de que la mesa de contratación tome el acuerdo oportuno y lo eleve al órgano de contratación.

                Las dos empresas presentan en plazo y forma la documentación requerida y reunida la mesa de contratación, se constata que:

1º- El primer criterio para dirimir el desempate es que la empresa tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Extremo este que cumplen ambas empresas afectadas por la situación de empate.

2º-En ninguno de los dos casos de las empresas empatadas se aplica el criterio B contenido en los PCAPC, al no tratarse de empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social

3º- Por lo tanto, se pasa a aplicar, el criterio C, esto es, y por orden, cada uno de los siguientes criterios y con el resultado que se indica a continuación:

  1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

En la aplicación de este primer criterio y en atención a la documentación presentada por cada una de las empresas en situación de empate, se constata que una de las empresas tiene 50 trabajadores en plantilla, y diez trabajadores con discapacidad o situación de exclusión social, es decir un 20%, por contra, la otra empresa, la empresa A, tenía una sola trabajadora en plantilla, con una antigüedad superior a un año desde la publicación de la licitación y con considerable grado de discapacidad, es decir el 100% de su plantilla.

Entre los miembros de la mesa de contratación surge la cuestión relativa a cómo resolver la situación de empate. Por mayoría, se acuerda aplicar la literalidad del precepto y otorgar el contrato a la empresa A con el 100% de los trabajadores en plantilla con grado de minusvalía al ser superior al 20% de la empresa -B-.

IV. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN EL PRESENTE SUPUESTO DE HECHO

1º- Improcedencia de la adjudicación del contrato por constituir una situación de fraude de Ley. Alegan que la empresa que se propone para la adjudicación al tener solo en plantilla a una mujer y encima con discapacidad, está aprovechándose de una situación de fraude de Ley. Hacen referencia también a sendas resoluciones del TACR del Ministerio de Hacienda (Resoluciones 192/2020 y 286/2020) que, para realizar el cómputo del porcentaje de trabajadores con discapacidad en cada empresa, se tendrán que tener en cuenta referido al periodo de los últimos 12 meses, anteriores al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas.

                A este respecto, indicar que la única trabajadora de la empresa propuesta cumple con esa antigüedad indicada.

2º- Improcedencia manifiesta de efectuar una propuesta de adjudicación del contrato no solo en situación de fraude de ley sino con vulneración de los principios que rigen la contratación pública.

Vuelve a alegar que la situación de una empresa de presentar una sola trabajadora, mujer, y discapacitada es una situación de fraude de ley para obtener el 100% de porcentaje, vulnerándose el artículo 6.4 del Código Civil y los principios de contratación pública, en concreto el de no discriminación e igualdad de trato de las licitaciones.

3º- Propuesta de adjudicación a favor de una empresa que manifiesta una plantilla diseñada “ad hoc” para intentar asegurarse una aplicación favorable de los criterios de desempate con vulneración de la normativa vigente.

Alegan que las Administraciones Públicas han de tener un papel ejemplarizante en la sociedad que sirva de revulsivo para mover conductas en las empresas, no atendiendo a posibles maquinaciones de los licitadores al margen de las normas que resultan de obligada aplicación, para conseguir una adjudicación a toda costa.

Pero, ¿Son las administraciones públicas primero quien deben de cumplir ese papel ejemplarizante? ¿O son las normas que se aprueban por el legislador las que deben de cumplir e ir en esa dirección y no dar lugar a este tipo de situaciones?

V.- PRONUNCIAMIENTOS DE ÓRGANOS O TRIBUNALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Algunas de las resoluciones que he podido encontrar versan sobre la cuestión en la aplicación de los criterios de desempate, pero no específicamente al del supuesto expuesto. De esta manera podemos ver en las que se exponen a continuación diferentes cuestiones de debate que se plantean en supuestos de empate:

Resolución de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Expediente 48/19. Asunto: Aplicación criterios de desempate entre 13 licitadores con idéntica puntuación.  

Pronunciamiento: Los criterios de desempate establecidos en el artículo 147.2. de la LCSP, deben aplicarse por orden, de forma escalonada y sucesiva y por tanto, tienen carácter excluyente y eliminatorio.

Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Recurso nº 240/2020. Resolución nº 254/2020.   Asunto: Recurso por defectuosa aplicación de los criterios de desempate.  

– En el presente caso el criterio de desempate versaba sobre el siguiente criterio: “Se dará preferencia a aquellas proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa, y en caso de persistir el empate, las que dispongan de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla”.

El acuerdo contiene los siguientes pronunciamientos:    

En este sentido, son ilustrativas las resoluciones del TACRC: Resolución 192/2020, de 20 de febrero y Resolución 286/2020, de 27 de febrero: “Independientemente de la posibilidad de que la empresa adjudicataria haya cometido fraude de ley, contratando a la trabajadora discapacitada precisamente el día en que finalizaba el plazo de presentación de ofertas (parece que con la finalidad principal de resultar adjudicataria del presente contrato en caso de producirse un previsible empate), la resolución del recurso pasa por interpretar la expresión «referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas» que utiliza el artículo 147.2 de la LCSP. Si la ley pretende que se sólo se tenga en cuenta la plantilla existente en ese preciso día o si, por el contrario, ha pretendido únicamente establecer un momento de referencia para la valoración de un periodo, es decir, está designando el día final de un plazo, el «dies ad quem”.

Pues bien, este Tribunal se decanta por la segunda interpretación. No sólo por ser más justa, sino porque así lo ha hecho también, en una situación análoga, la disposición adicional primera del Real Decreto 364/2005, al interpretar como se debe computar la plantilla de una empresa para determinar si tiene 50 o más trabajadores. Dice este precepto que: “A los efectos del cómputo del dos por ciento de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) El periodo de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de los centros de trabajo de la empresa”.

El artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que: “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal”.

Este Tribunal se muestra conforme con la argumentación jurídica contenida en las citadas resoluciones, considerando que el porcentaje de trabajadores con discapacidad debe referirse al periodo de doce meses anteriores al momento del vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Esta interpretación, a juicio de este Tribunal, resulta razonable: tanto si se establecen criterios de desempate en el PCAP, como en el caso que nos ocupa, como si se aplica supletoriamente el artículo 147.2 LCSP.

Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Recurso nº 370/2020. Resolución nº 23/2021. Asunto: Recurso por incorrecta valoración de criterios subjetivos y objetivos, y defectuosa aplicación de los criterios de desempate.  

Pronunciamiento: Ante la alegación de que el criterio de desempate del artículo 147.2.b) LCSP “menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas” no se aplicó correctamente, el acuerdo a este respecto expone los siguientes pronunciamientos, teniendo en cuenta que la empresa recurrente es una S.L. que presenta dos contratos temporales en plantilla, lo que supone un 50%, y la propuesta para la adjudicación del contrato, afirma ser una Asociación sin ánimo de lucro, formada por tres persona y no presenta contratos temporales en su plantilla, por consiguiente un porcentaje de 0%. El acuerdo el TACP de la Comunidad de Madrid estima el recurso de la parte recurrente. El acuerdo contiene a este respecto los siguientes pronunciamientos:

El adjudicatario considera que los criterios de desempate se basan en determinadas prioridades respecto de la plantilla de trabajadores de los licitadores. La literalidad de la regla es clara y precisa: el contrato habrá de atribuirse al licitador que cumpla determinados criterios en relación a su plantilla. Un licitador que carezca de trabajadores en activo en la plantilla parte de una situación de mayor desventaja en dos de los criterios, el a) y el c), ya que, por definición, el porcentaje es de 0%. En el criterio b) ese 0%, sin embargo, puede beneficiarle.               

No se trata de primar a empresas con empleados, como argumenta la recurrente. Sino de aplicar con precisión aritmética criterios respecto a la calidad social del empleo, que penalizarán a aquellos licitadores que no incorporen a sus plantillas personas con discapacidad o en exclusión social, a aquellos licitadores que primen la contratación temporal, o a aquellos otros que contraten solamente a hombres. Una empresa con una plantilla muy numerosa puede perder conforme a todos estos criterios de desempate. No es determinante, por tanto, el número de trabajadores sino la atención a estos criterios de equidad social en los contratos de trabajo ofrecidos por el licitador.

De la simple operación aritmética, resultaría, en el caso que nos ocupa, que la empresa que no cuenta con trabajadores contratados, el porcentaje de contratos temporales, es obviamente cero, mientras que la otra que cuenta con un fijo y un temporal, su porcentaje de contratos temporales es del 50%, por lo que el desempate sería a favor de la primera.

Los criterios de desempate recogidos en la LCSP tratan de favorecer, en última instancia, a aquellas empresas que incluyan aspectos sociales en su plantilla de trabajadores, favoreciendo la contratación de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, la mayor contratación de mujeres y favoreciendo los contratos indefinidos. En el caso que nos ocupa, la aplicación puramente aritmética del apartad 2.b) del artículo 147, llevaría a favorecer a una empresa que no cuenta con ningún trabajador en su plantilla, lo que plantea si dicho resultado es ajustado a lo que pretende el legislador al regular los criterios de desempate. En este sentido, el menor porcentaje de contratos temporales, puede interpretarse sensu contrario, como el mayor porcentaje de trabajadores indefinidos, en cuyo caso, el criterio de desempate obraría en favor del recurrente, al tener un trabajador fijo en su plantilla. A juicio de este Tribunal, en el caso que nos ocupa, debe primar este criterio, al ser más conforme con el espíritu de la norma en cuanto a la promoción de medidas sociales en el ámbito laboral.

-Informe 7/2021, de 10 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Criterios de desempate entre dos o más ofertas: aplicación e interpretación de la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad en las empresas.  

Pronunciamiento: En primer lugar, debe acudirse a lo establecido en los pliegos que rigen la licitación, ya que concede al órgano de contratación la posibilidad de establecer criterios específicos de desempate, aunque con las limitaciones que relaciona el propio apartado 1º del artículo.

-La primera de ellas se refiere al porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa, sin aclarar cuál debe ser ésta ni de qué tipo (estatal

autonómica, básica, de desarrollo, rango de ley o reglamentario). Esto puede llevar a considerar tanto la legislación en materia laboral como de discapacidad o sobre contratación pública, por razón de la especialidad o del ámbito de aplicación, tal y como ocurre en el supuesto planteado.

Conforme al artículo 147 de la LCSP, en primer lugar, serán los pliegos los que establezcan los criterios específicos de desempate.

La aplicación de un criterio de desempate no es alternativa, sino jerárquica y excluyente del resto según el orden de prelación que se haya establecido en los pliegos o de acuerdo con la ley. El órgano de contratación no puede elegir cuál aplicar, ni tampoco puede integrar o completar el contenido entre los mismos, ya que cada uno debe mantener entidad independiente y diferenciada como los demás criterios de adjudicación, razón por la que deben ser coherentes precisos y claramente identificables por parte de los licitadores interesados en la licitación, al poder determinar la adjudicación del contrato.

El problema interpretativo que se plantea surge de la comprobación de la cuota de reserva de discapacidad a raíz del cálculo de los porcentajes sobre la plantilla, que, como en otros tantos casos, no da como resultado un número entero fácilmente comparable, sino con decimales, lo cual puede requerir redondeo, al alza o la baja, para verificar si el porcentaje es superior o no al establecido en la Ley. No obstante, la forma de cálculo de los porcentajes y el redondeo de valores no sólo adquiere importancia a efectos del cumplimiento requisitos máximos o mínimos, tales como la cuota de reserva del 2% de la plantilla para trabajadores con discapacidad a efectos de desempate, sino también para valorar la existencia de la prohibición de contratar recogida en el artículo 71.1.d) de la LCSP.

Entre las normas citadas anteriormente no es posible encontrar una regulación de la forma de realizar o interpretar los resultados del cálculo de la cuota de reserva del 2%, tal como recuerda el Informe 109/18 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. De ahí que el Criterio Técnico DGITSS 98/2016 constituya una referencia interpretativa altamente cualificada que permite aclarar no sólo este extremo, sino muchas dudas en torno a las reservas de puestos de trabajo y discapacidad en el ámbito laboral público y privado. Es cierto que carece de valor vinculante, y que pueden existir otras referencias válidas para colmar lagunas en la aplicación de la norma, pero en el contexto en el que se plantea la consulta, vista la forma de aplicación de los criterios, resulta una opción idónea.

La exigencia de un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad en las empresas busca favorecer la integración laboral de un sector con enormes dificultades de acceso al mercado laboral. Así se desprende del Preámbulo de la Ley 5/2019, al igual que del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Es más, el Criterio Técnico DGITSS 98/2016 relaciona la normativa aplicable a la cuota de reserva de discapacidad, y se puede verificar que el nuevo abordaje de la discapacidad o diversidad funcional supone la implantación de políticas públicas en todos los niveles.

La interpretación realizada por el Criterio Técnico DGITSS 98/2016 sobre todos los extremos que analiza, entre ellos, la cuota de reserva de discapacidad, comprende todas las fórmulas de interpretación posibles; de ahí que pueda ser considerado como un buen referente en todo su contenido.-La valoración que realiza sobre el redondeo se ajusta a la realidad de la estructura de la plantilla de trabajo. A juicio de esta Junta, un redondeo al alza supone computar trabajadores que no existen, y, por tanto, falsea los resultados otorgando una mayor ventaja no justificada a la empresa beneficiaria, lo cual es contrario al espíritu de la norma, que busca favorecer e integrar a personas con discapacidad en el entorno laboral ordinario. Cierto es que el redondeo a la baja conlleva la interpretación contraria, esto es, suponer que tiene menos trabajadores con discapacidad de los que realmente tiene, pero, dado que no se atribuye ningún tipo de puntuación proporcional al número de trabajadores, a efectos de valoración de oferta, el redondeo deviene innecesario, porque precisamente es la diferencia la que rompe el empate.

Por lo tanto, se reconoce que este Informe 7/2021 de manera expresa que: “Las dudas acerca de la interpretación de los conceptos legales sobre el cálculo de la cuota de reserva de discapacidad en el ámbito laboral pueden resolverse con numerosas fuentes del derecho, al no estar reguladas en norma vinculante alguna, pero en todo caso, deben valorarse con preferencia aquellas que por razón de la especialidad ofrecen una mayor cualificación y seguridad jurídica por su relación con la materia, tal como el Criterio Técnico DGITSS 98/2016”.

Elefante Y Ratón En Un Fondo Blanco Stock de ilustración - Ilustración de  standing, rata: 121319697

VI.- CONCLUSIONES

PRIMERA: El Artículo 147 LCSP dispone que los PCAPC podrán establecer los criterios de adjudicación específicos para el desempate e indican a que materias o aspectos se referirán en el apartado 1 letras a) hasta la e) de dicho precepto.

SEGUNDO: En defecto de la anterior previsión, los criterios para dirimir el desempate son los previstos en el apartado 2 del meritado artículo 147 LCSP. A tenor de los pronunciamientos de los órganos consultivos y tribunales administrativos en materia de contratación, dicha relación debe aplicarse por orden, de forma escalonada y sucesiva y por tanto, tienen carácter excluyente y eliminatorio.

TERCERO: El primero de los criterios de desempate es el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla …/…

En el supuesto de hecho del inicio de este artículo, se ilustraba un supuesto donde a la licitación concurría y empataban la empresa A con el 100% de los trabajadores con considerable grado de minusvalía y debidamente acreditado (la única trabajadora que constaba en plantilla) y la empresa B con un 20% (unos 10 trabajadores).

Si aplicamos la literalidad del criterio de desempate previsto en el apartado 2.a) del artículo 147 LCSP, la situación de desempate se dirime a favor de la empresa A. Aplicación pura y sencillamente el principio “In claris non fit interpretatio”.

Si hacemos un ejercicio interpretativo como hizo el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la resolución del Recurso nº 370/2020, Resolución nº 23/2021, y se aplican en la resolución de la cuestión, criterios de equidad social en los contratos de trabajo ofrecidos por el licitador, analizando tanto la calidad como la cantidad de los contratos, “entendiendo que la norma lo que persigue es favorecer a las empresas que incluyan aspectos sociales en su plantilla favoreciendo el mayor número de contrataciones”, entonces, la adjudicación del contrato, iría en favor de la empresa -B-. ¿Pero eso lo ampara el primer criterio de desempate contenido en el artículo 147.2.a) tal y como está redactado? Yo sinceramente, creo que no. Por lo que el legislador si es eso lo que realmente persigue, debería redactar correctamente ese precepto. Baste recordar que esa interpretación que hace el TACP de la Comunidad de Madrid, es para un supuesto donde la controversia surge no sobre el criterio contenido en el apartado 2.a) del artículo 147 LCSP, sino en el apartado 2.b), referido a “menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas”, por lo que aun no dejando de ser una labor interpretativa extensiva la que hace el tribunal administrativo, pudiera tener su lógica.

                Dicho lo cual, es increíble como una mala redacción de un precepto, puede dar lugar a supuestos que pudieran pensarse ficticios, pero que si los miembros de una mesa de contratación no quisieran pasar de aplicar el tenor literal del precepto y aplicarlo como tal, pudieran posibilitar que el contrato se lo lleve una empresa “creada” tal cual, «ad hoc», para aprovecharse de la confusión y situación que la propia norma crea y da lugar. Y, por tanto, David, vence a Goliat, el ratón al elefante.

CUARTO: La LCSP en su artículo 147.2, establece los criterios de desempate, pero de manera muy ineficiente, no es lo mismo un porcentaje que un número entero y cierto. Los criterios además son muy incompletos en su regulación, los mismos tienen además trascendencia en otros ámbitos normativos, como los relativos de la seguridad social, a donde los tribunales y órganos administrativos en materia de contratación se ven obligados a acudir a la hora de resolver los recursos, tal y como se ha visto en el Informe 7/2021, de 10 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.

GRANADA a 20 de octubre de 2021

ANTONIO GUTIÉRRZ ALONSO

EL PARTIDO. NACIONALISMO Y TOTALITARISMO.

«Según las conocidas reglas de la antigua libertad» (Verso de John Milton -poeta y ensayista inglés 1608-1674.)

I.- INTRODUCCIÓN

Durante estos meses y a tenor de las medidas que están tomando muchos gobiernos, ya sean nacionales, -como el de nuestro país-, o autonómicos, asumiendo competencias cuyos dirigentes ni en el mejor de sus sueños hubieran imaginado, se ha estado hablando mucho de 1984, la afamada novela de George Orwell, -pseudónimo de Eric Arthur Blair-.

Cualquiera que haya leído detenidamente 1984, ha tenido ocasión de ver que dicha novela es mucho más que una sociedad caracterizada por la hiper-represión política, la infinita manipulación informativa y la vigilancia masiva practicada por el Gobierno de la nación.

Posiblemente, el lector se fije no solo en esos elementos indicados anteriormente, sino también en otros tantos, que a mi parecer tienen más relevancia, si cabe, en nuestra sociedad o sistema político actual. Dicho análisis lo voy a iniciar desde la propia figura de su autor.

E.A. Blair nació en 1903 en el seno de una familia de clase media inglesa afincada en la  India. Asistió a internados de élite gracias a becas, -de otra manera hubiera sido imposible-, su primer empleo fue el de policía en Birmania, donde pronto se dio cuenta del despotismo desplegado por su país en las colonias donde tenía presencia.Todo eso, junto con sus aventuras por otros países, además de por el suyo propio,  impregnó su pensamiento político con una auténtica convicción socialista, que incluso le hizo huir de los planteamientos del Partido Laborista inglés cuyos ideales o “no hacer” se daban orígen a un auténtico consentimiento del “status quo” de la política imperial a costa de los  trabajadores indígenas de las colonias inglesas, en beneficio no solo de la aristocracia inglesa sino de la propia clase trabajadora de su propio país.

A edad temprana, y recién casado, viajó hasta España, como le dijo a su propia mujer, “a matar fascistas, porque alguien tenía que hacerlo”. No se  alistó como el resto de extranjeros en las Brigadas Internacionales, sino en el POUM, y por tanto, pronto sufrió en sus propias carnes, lo que fue el partido  comunista y la política que Stalin  planificaba para España. Todo eso, le dolió más que el balazo de un máuser español que le atravesó  el cuello  estando  en el frente de  Huesca. Salió de España, tan pronto pudo por la frontera francesa.

Una persona de izquierdas, “socialista democrático” como él mismo se autodefiniría, y absolutamente anti-comunista, tras ver, sufrir y padecer lo que  era el comunismo, escribió en el año 1949, la célebre novela: “1984”. Escribió muchos  otros  libros aunque muriera a la edad temprana de 47 años, en el año 1950 por culpa de la tuberculosis, pero, de esa novela y del resto de libros escritos y tomando como referencia nuestro sistema político hay que sacar a relucir entre otros elementos, fundamentalmente, los relativos al “totalitarismo” y a “El Partido”, que pueden que estén hasta íntimamente unidos.

Decía Orwell, sobre la característica principal de la sociedad en 1984, que  la nueva aristocracia estaba formada por  burócratas, técnicos, científicos, sindicalistas, educadores, periodistas y políticos profesionales, todos tenían su origen en la clase media asalariada, a diferencia de la clase alta anterior, a estos no les tentaba tanto el lujo como el placer de mandar, teniendo mayor conciencia de lo que estaban haciendo y fundamentalmente se dedicaban con mayor intensidad a aplastar a la oposición, ésta última diferencia era esencial respecto a tiempos pasados y las diferenciaba de las tiranías anteriores, dado que las anteriores eran débiles e ineficaces y esta fuerte y eficaz.

Explica en su obra que la  diferencia entre el socialista antiguo y el nuevo, es que mientras que el antiguo daba por sentado que todo lo que no era hereditario no podía ser permanente. No entendía que la continuidad de una oligarquía no tiene por qué ser física, y que organizaciones basadas en la “adopción” han durado centenares y miles de años. Por lo tanto, lo “esencial” no es la herencia de padre a hijo, sino la “persistencia de  una cierta manera de ver el mundo y de un cierto modo de vida, impuesto por los muertos a los vivos”.

II. EL PARTIDO

Una de las mayores aportaciones al pensamiento político que desde mi opinión hace Orwell con su novela 1984 y otras obras, es la que se refiere a “El Partido” como instrumento de control y mantenimiento del sistema político en la sociedad que describe en sus obras.

Para Orwell, el  objetivo principal del Partido, es el de perpetuarse a sí mismo y ha dicho fin. Se establecen unas pautas de comportamiento o mecanismos caracterizados entes otros por:

-Todo miembro del Partido vive, desde que nace hasta que muere, vigilado por la “Policía del Pensamiento”. Nada de lo que hace es indiferente para  la  “Policía del Pensamiento” que controlará absolutamente lo que hace, lo que piensa, lo que habla, lo que escribe y lo que dice todo miembro del Partido.

-El miembro del Partido carece de toda  libertad para decidirse por una dirección determinada, no puede elegir en modo alguno.

-Es fundamental llevar a cabo una alteración del pasado, principalmente es necesaria por dos razones:

1.El miembro del Partido, lo mismo que el proletariado, en gran parte tolera las condiciones de vida actuales porque no tiene con qué compararlas. Hay que aislarlo del pasado, así como de los países extranjeros, porque es preciso  que se crea en mejores condiciones que sus antepasados y que se haga ilusión de que el nivel de comodidades materiales crece sin cesar.

2.La necesidad de salvaguardar la infalibilidad del Partido. No solamente es preciso poner al día los  discursos, las estadísticas y datos de toda clase para  demostrar que las  predicciones del Partido nunca fallan, sino que además no puede admitirse en ningún caso que la doctrina política del Partido haya cambiado lo más mínimo, porque cualquier variación en la táctica política es una confesión de debilidad.

– La consigna del Partido, sobre el control del pasado, es: “Quien controla el pasado, controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado”.

– Los acontecimientos pretéritos no tiene existencia objetiva, sobreviven solo en los documentos y en la memoria de los hombres. El pasado es únicamente lo que digan los testimonios escritos y la memoria humana. Pero como quiera que el Partido controla por completo todos los  documentos y también la mente de todos sus miembros, resulta que el pasado será lo que el Partido quiera que sea.

– También es necesario recordar que los acontecimientos ocurrieron de la manera deseada. Y si es necesario adaptar de nuevo nuestros recuerdos o  falsificar los documentos, también es necesario olvidar que esto se ha hecho. Ese truco puede y debe de aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayoría de los miembros del Partido lo aprenden, se llama “control de la realidad” y en la Neolengua se llama “doblepensar”, se refiere a la capacidad de sostener dos  opiniones contradictorias de manera simultánea, dos creencias contrarias albergadas en la mente a la vez. Esa técnica está en el corazón mismo del Partido, dado que el acto esencial del mismo, es el empleo del engaño consciente. Decir mentiras a la vez que se cree en ellas con sinceridad, olvidar todo hecho que no convenga recordar, para luego, cuando sea necesario, sacarlo del olvido solo  durante el tiempo que convenga, negar la existencia de la  realidad objetiva sin dejar de saber ni por un momento que existe esa misma realidad que se niega.

– Controla todos y cada uno de los aspectos de tu vida, porque en definitiva los hombres son infinitamente maleables.

– El Partido es inmortal. El Partido está en la posesión de la verdad absoluta.

III. NACIONALISMOS y TOTALITARISMO

En otra obra “Opresión y Resistencia” (escritos contra el totalitarismo 1937/1949) el autor inglés hace una  interesante diferenciación entre los términos “Nacionalismo” y “Patriotismo. Por patriotismo, entiende la devoción por un lugar determinado y por una determinada forma de vida que uno considera los mejores del mundo, pero que no tiene deseos de imponer a nadie. Por lo tanto es un concepto defensivo por naturaleza, tanto cultural como militarmente. Por el contrario, el nacionalismo, conceptualmente es inseparable del poder, el propósito de todo nacionalista es la obtención de más poder y más prestigio, no sólo para él, sino para la  nación o entidad que haya escogido para diluir en ella su propia individualidad. En definitiva, el nacionalismo es para Orwell “sed de poder, mitigada con autoengaño”.

Otra de las aportaciones interesantes que hace Orwell sobre el nacionalismo es que dentro de este término también incluye también movimientos y tendencias como: Comunismo, Catolicismo político, sionismo, antisemitismo, trotskismo, pacifismo…, ya que para él, la nacionalismo no implica necesariamente una lealtad a un gobierno o a un país.

Las principales características del nacionalismo:

-La obsesión: Ningún nacionalista piensa, habla o escribe jamás sobre nada que no sea la superioridad de su propia entidad de poder. Todos los nacionalistas consideran un deber difundir su lengua en detrimento de las lenguas rivales.

-La inestabilidad: Lo que permanece constante entre los nacionalistas es su estado mental; el objeto de su apego es cambiante, y puede ser incluso imaginario. En sociedades como la nuestra es cada vez más difícil que un intelectual sienta apego profundo por su país, la opinión pública no se lo permitiría.

-La indiferencia frente a la realidad: Las acciones se consideran buenas o malas no por sus méritos, sino según quien las lleve a cabo. De esta forma, asesinatos, deportaciones, encarcelamientos sin juicio, falsificaciones, etc… puede cambiar el color moral cuando hayan sido cometidos por “nuestro” bando. El nacionalismo no solo no reprueba las atrocidades cometidas por su bando, sino que tiene una notable capacidad para no oír siquiera hablar de ellas. En el pensamiento nacionalista hay acontecimientos que son a la vez verdaderos y falsos, sabidos y desconocidos. Todo  nacionalista acaricia  la idea de que el pasado puede ser alterado.  Algunos nacionalistas no están lejos de la esquizofrenia, viven alegremente entre sueños de poder y conquista que no tiene conexión con el mundo  físico.

Si seguimos leyendo la obra de Orwell, vemos como la línea de separación entre nacionalismo y totalitarismo es tan difusa que apenas se aprecia, y a la hora de analizar este último, destaca la tendencia durante los años que discurre los escritos de su obra, que las sociedades democráticas planteen que dicha democracia solo puede defenderse con métodos totalitarios. Por lo tanto, defender la democracia conlleva destruir cualquier forma de pensamiento independiente, explicando Orwell que esa tesis se utilizó por  ejemplo en las purgas políticas de la Rusia de Stalin, o para justificar los embustes deliberados de la prensa de izquierdas de la  España republicana sobre los  trotskistas, etc…

Por lo tanto, desde esa óptica, hay que aplastar al “enemigo” empleando cualquier medio. Pero ¿Quiénes son los  enemigos? ¿Quién lo decide? Parece por  lo tanto, que “defender” la Democracia significa destruir cualquier forma de pensamiento independiente.

Como bien sostiene el propio Orwell, quienes apoyan esa tesis, no se dan cuenta que fomentando métodos totalitarios, puede llegar el día que éstos sean usados contra ellos mismos. “Convirtamos en hábito el encarcelamiento de fascistas sin juicio y probablemente la cosa no se quede en los fascistas”.

Igualmente para Orwell, la mentira sistemática practicada por  los estados totalitarios forma parte integral del totalitarismo. Un Estado totalitario es de hecho, una teocracia y para  conservar su puesto,  la casta gobernante necesita que la  consideren infalible. Cualquier cambio de política significativo exige un cambio paralelo de doctrina y una reevaluación de las figuras históricas importantes. El totalitarismo exige, la alteración continua del pasado y a largo plazo, probablemente la falta de fe en la existencia misma de la verdad objetiva.

Una sociedad totalitaria que consiguiera perpetuarse a sí misma probablemente acabaría instaurando un sistema de pensamiento esquizofrénico, en el que  las leyes del sentido común sirviesen para la vida diaria.

En definitiva, la novedad del totalitarismo es que sus doctrinas no solo son incuestionables, sino también inestables. Deben ser aceptadas, so pena de ser condenado, pero al mismo tiempo son susceptibles de ser alteradas en cualquier momento.

Una sociedad se vuelve totalitaria cuando su estructura se vuelve flagrantemente artificial, es decir, cuando su clase gobernante ha perdido su función pero consigue aferrarse al poder mediante la fuerza o el engaño. No puede permitirse ser tolerante o estable desde el punto de vista intelectual.

¿Y de qué manera actúa un sistema totalitario sobre la libertad de prensa o sobre la literatura?

Al tratar la libertad de prensa, explica Orwell que el principal peligro para la libertar de pensamiento y expresión no es la injerencia directa del Gobierno, sino la cobardía intelectual. Ese el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o periodista.

Igualmente señala Orwell que el periodista no es libre, cuando se le obliga a escribir mentiras o silenciar lo que le parece una notica de importancia, el escritor imaginativo no es libre cuando tiene que falsificar unos  sentimientos subjetivos, que desde su punto de vista son hechos.

Explicaba que en sus ensayos políticos que  la libertad intelectual está atacada principalmente por dos flancos, “por un lado los apologistas del totalitarismo y  por otro los  monopolios –magantes de la prensa y la industria cinematográfica- y los burócratas”. Por lo tanto, esos son los enemigos más  inmediatos de la vedad y por tanto de la libertad de pensamiento.

Para Orwell la libertad intelectual es la libertad de informar lo que uno ha visto, oído y sentido, sin estar obligado a inventar hechos y sentimientos imaginarios. En el pasado, explica el escritor, cuando uno defendía la libertad intelectual tenía que enfrentarse a los  conservadores, los católicos y hasta cierto punto a los fascistas, hoy es necesario enfrentarse a los comunistas y a los “compañeros de viaje”.

¿Y qué piensa Orwell sobre el pueblo en general en todo este esquema?

                Desde su experiencia política y viajera, Orwell manifestaba que nada había que  temer de los proletarios, continuarán, de generación en generación y de siglo en siglo, trabajando, procreando y muriendo, no solo sin sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultar de comprender que el mundo podría ser diferente a lo que es. Solo podrían convertirse en peligrosos si el progreso de la técnica industrial requiriera educarlos. A los proletarios se les puede conceder la libertar intelectual por la sencilla razón de que no tienen intelecto alguno.

IV.CONCLUSIÓN

Usted que acaba de leer esto, y pertenece o ha pertenecido a un Partido político, ¿Qué le parece? Y usted que es un mero espectador de lo que estamos vivienda en nuestra sociedad o en cualquier otra de los países limítrofes ¿Qué le parece lo que decía y pensaba Orwell antes de 1950? ¿Saben según Orwell en que termina todo esto? En esto:

-Al final, la acción del Partido, estriba en la consecución de más dolor en las relaciones personales, mientras que las antiguas civilizaciones sostenía basarse en el amor o en la justicia, ahora es en el odio.

-Se persigue extirpar las emociones como el miedo, la rabia, el triunfo….

Se cortan los vínculos que unían a hijos y padres, a un hombre con otro, y a hombre y mujeres. Nadie se  fiará de su esposa, de sus hijos o de sus amigos…

-Los niños se les quitarán a sus madres al nacer, porque son del Estado, como se les quitan los huevos a las gallinas, el instinto sexual será erradicado, la procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de la  cartilla de racionamiento.

-Se suprimirá el orgasmo.

-No  existirá más fidelidad que a la del Partido.

-No  habrá risa, excepto la risa triunfal al derrotar al enemigo.

-No habrá arte, ni literatura ni ciencia.

-No habrá distinción entre belleza y la  fealdad.

-Todos los  placeres serán destruidos.

¿Le parece distópico? ¿O un guion de la última serie de Black Mirror?

Ojalá se quede en eso.

Estepona a 25 de julio de 2021

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO

ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 123/2021. CUESTIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD 1514-2020 SOBRE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS DE DETALLE

En el BOE nº 161, de 7 de julio del presente año 2021, páginas 81292 a 81316 se ha publicado la STC 123/2021 que resuelve la Cuestión de Constitucionalidad nº 1514-2020 contra el art. 40.4. a) y c) de la LOUA (Pero es útil -que no válida-, para todas las CCAA)

Órgano que la plantea: Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo TSJA –Sevilla-

Objeto del recurso: Art.40.4. letras a) y c) de la Ley 7/2007 de 9 de julio GICA (Andalucía)  

Nº de Resolución: 123/2021    

I.-OBJETO PRINCIPAL DE LA CONTROVERSIA.

La Cuestión de Inconstitucionalidad es planteada por la Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla respecto del art.40.4 a) y c) Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental –en adelante LGICA-. Dicho precepto exceptúa el sometimiento de la figura de los Estudios de Detalle (apartado –a-), así como la modificación de los mismos (apartado –c-), a la Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

II.- ADMINISTRACIÓN DEMANDADA y MERCANTIL CODEMANDA.

-Ayuntamiento de Sevilla, como administración que aprueba el Estudio de Detalle promovido por la mercantil LAR ESPAÑA SHOPPING CENTRES VIII, que consta en el procedimiento como Codemandada.

-La Demanda se interpone por la Federación Ecologistas en Acción –Sevilla-, (parte actora).

III.- ORIGEN DE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

26.09.2019 la Sala indicada, por providencia de esa fecha, acordó oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear la Cuestión de Inconstitucionalidad –en adelante CI-, por posible vulneración de los artículos 6 y 8 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y mediatamente del artículo 149.1.23 CE.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

En primer lugar, hay que ver cuales son los fundamentos sobre lo que se sustenta la demanda de la Federación de Ecologistas en Acción -Sevilla-, como parte demandante:

IV.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN LETRADA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

A-Que el ED contiene determinaciones con evidentes repercusiones ambientales y que no han sido sometidas a ningún tipo de EAE conforme a los artículos 6 y 8 de la LEEA, dado que el art. 40.4.a) LGICA la exime de ello, siendo por tanto dicho precepto inconstitucional al vulnerar la LEEA y el artículo 149.1.23 CE.

B-Explica que la modificación aprobada, lo ha sido sobre un ED aprobado previamente en 2008 en ejecución de un Plan de Sectorización con ordenación pormenorizada que delegaba y difería la ordenación de volúmenes, y destacan que ni el ED ni el Plan del que traía origen fue sometido a EAE. Destacan además en su demanda que la ordenación de volúmenes afecta al paisaje y el modificado aprobado establece el marco para la autorización de un proyecto de edificación que debe ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, conforme a todo lo expuesto, entienden que el ED tiene probables efectos ambientales que debieron ser evaluados en una EAE al menos simplificada y por tanto el art. 40.4.a) LGICA vulnera la normativa básica estatal de la EA, incurriendo en inconstitucionalidad mediata.

En segundo lugar, vamos a ver cuales son los fundamentos legales sobre los que se sustentan las partes intervinientes en la causa.

IV.2. POR PARTE DE LA SALA

A-Reseña que la parte actora ha invocado como fundamento de su demanda la ausencia de una evaluación ambiental estratégica –en adelante EAE- de la modificación del estudio de detalle –ED- aprobada por el ayuntamiento. La parte demanda la considera innecesaria al albur de lo dispuesto en el art.40.4 LGICA, que excepciona la obligación de someter a EAE a los ED y sus modificaciones o revisiones. La Sala estima que si por aplicación de la legislación básica –Ley 21/2013 estatal de evaluación ambiental- LEEA-, a este tipo de instrumentos resulta preceptiva la aplicación de la EA, la inconstitucionalidad del precepto abocaría forzosamente a la estimación de  la demanda.

B-La Sala considera que el ED es un instrumento de ordenación urbanística según la LOUA, y por tanto debe quedar sujeto a la exigencia de EA del artículo 6.1 LEEA, que no reconoce excepciones, articulo que también se remite al artículo 22.1 del TRLSRU, también de carácter básico y por tanto el artículo de la controversia no estaría amparado por los artículos 56 y 57 del Estatuto de Autonomía.

C-Se remite igualmente a lo establecido en la Directiva 2001/42/CE del PE y del Consejo de 27 de junio, y conforme a sus artículos (art.3) y a lo establecido en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27.06.1985 derogada por la Directiva 2011/92/UE del PE y Consejo de 13.12.2011, resalta la obligación que tienen los Estados miembros de la UE de exigir la EA “cuando los planes o programas afecten al uso de al uso de zonas pequeñas a nivel local o introduzcan modificaciones menores en planes y programas mencionados en el apartado anterior, si consideran que pueden producir efectos significativos en el medio ambiente.”

Considera además que el artículo 15 LOUA donde se regula la figura del ED reconoce cierta amplitud de los ED, los cuales pueden producir “ciertos efectos significativos en el medio ambiente” y por consiguiente deben de ser objeto de EA de conformidad con lo dispuesto en el art.3 de la LEEA.

D-Explica la Sala además, que el anexo II de la Directiva 2011/92/UE del PE y Consejo de 13.12.1992 incorporada al derecho interno, incluye los “Proyectos de urbanizaciones” –y en concreto la construcción de centros comerciales y de aparcamientos objeto del modificado recurrido- y que por tanto la LEEA ha optado por exigir la EA Simplificada –en adelante EAS- para la aprobación de todo instrumento de ordenación urbanística, incluso los de menor categoría, como los ED. (no puedo seguir sin decir abiertamente que esto es falso, luego se explicará).

E-Termina la Sala invocando la doctrina constitucional al respeto el objeto de la Litis, haciendo referencia a tres sentencias dictadas anteriormente, la STC 109/2017 de 21.09.2017 donde el TC declara inconstitucional determinado preceptos de la ley autonómica –Ley 12/2016 de EA de las Islas  Baleares-, por contravenir la legislación básica, la STC 89/2019 re resuelve otra CI contra determinados preceptos de la legislación autonómica canaria y finalmente la STC161/2019 sobre CI de determinados preceptos de la normativa autonómica de Murcia.

IV.3. POR PARTE DEL ABOGADO DEL ESTADO

Personada la Abogacía del Estado, se interesó por la ESTIMACIÓN de la CI por las siguientes razones:

A-En primer lugar, argumenta que la Ley 9/2018 modificó el art.5, 6 y 8 de la LEEA siguiendo las directivas comunitarias y ampliando la EA y concretando un conjunto de aspectos que deben evaluarse al analizar “un plan” o “programa”. Argumenta que la LEEA prohíbe la exclusión de categorías genéricas de planes y programas, razón por la cual la STC 107/2017 declaró inconstitucional el art.9.4 de la Ley EA de Baleares.

B-Manifiesta que el ED regulado en el art.15 de la LOUA puede implicar “la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas». Entiende que no puede considerarse que este conjunto de posibles previsiones urbanísticas tengan «un escaso efecto en el ámbito de la evaluación ambiental definida por el derecho europeo», el cual exige el análisis de los efectos de estos planes sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. Concluye, en definitiva, que es necesario analizar el plan en concreto y el ámbito donde se aplican sus previsiones para ver el impacto en todos estos factores y en el medio ambiente”.

C-Sin embargo, no está de acuerdo con el fundamento de la STC 86/2019 que declaró que los ED podían ser excluidos con carácter general de la evaluación ambiental estratégica por su escasa entidad innovadora y que en todo caso habrá de estarse a cada caso concreto y que el legislador básico al trasponer la directiva comunitaria ha querido que todos los planes y proyectos estén sujetos  a EAE ya sea ordinaria o simplificada y que no existan exclusiones genéricas de instrumentos de planeamiento. Por lo que el art.40.4. a) y c) infringe la legislación básica del Estado al reducir el ámbito de protección ambiental de determinados instrumentos de planeamiento.

IV.4. FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS POR LA REPRESENTACIÓN LETRADA DEL PARLAMENTO ANDALUZ.

A-En primer lugar, alega cuestión de inadmisión por error en la identificación del precepto.

B-Analiza si se dan los presupuestos para la declaración de inconstitucionalidad del artículo objeto de la CI. Empieza analizando los artículos 6 y 8 LEEA y los fundamentos de la STC 109/2017, STC 86/2019, para concluir  que la diferencia entre una sentencia y la otra es que la primera declaró inconstitucional preceptos de la LEA de las Islas Baleares (art.9.4), porque eximían de EA a un conjunto heterogéneo de instrumentos de planeamiento urbanístico, mientras que la segunda, que declaró la constitucionalidad del art. 150.4 de la Ley Canaria, que eximía a los ED de la aplicación del EA, contiene una decisión correcta y específica sobre el apartado cuyo único objeto es la exclusión de los ED de dicha EA, siendo por tanto dichas resoluciones no contradictorias sino complementarias.

C-El artículo 15 de la LOUA que regula el ED con las funciones que en el mismo se dispone, “no pueden en absoluto modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites del apartado anterior, incrementar el aprovechamiento urbanístico, suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, ni alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes”.  “los estudios de detalle, a pesar de su introducción como último eslabón del planeamiento de desarrollo según la citada ley, no constituyen más que instrumentos complementarios y plenamente subordinados a los verdaderos planes urbanísticos desde el punto de vista de sus efectos y contenido”. Siendo por tanto la regulación de los ED en la LOUA incluso más restrictiva que en legislación canaria. Por lo tanto, dichos ED en la LOUA tienen como características: – escasa entidad, ya que se destinan a ámbitos muy reducidos; -casi nula actividad innovadora y subordinación a planes ya sujetos a evaluación ambiental, dado que se limitan a completar o aplicar determinaciones de esos otros planes; -no producen efectos significativos sobre el medio ambiente, dada la limitación de su espacio geográfico. Por lo tanto, en base a lo expuesto, la representación letrada del Parlamento de Andalucía concluye que no existe incompatibilidad absoluta e insalvable con la normativa básica, puesto que la EAE solo resulta aplicable a aquellos planes y programas urbanísticos que producen efectos significativos sobre el medio ambiente, lo cual no ocurre con los ED.

IV.5. FUNDAMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN LETRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Defienden la inadmisión de la CI y subsidiariamente su desestimación, en base a los siguientes fundamentos:

A-Que la CI planteada a través de la demanda previamente interpuesta por la Federación de Ecologistas en Acción –Sevilla-, lo ha sido contra la modificación de un ED, ya que no ha podido ser contra el propio ED aprobado previamente en 2008 y devenir el mismo firme y consentido.

B-Que la CI igualmente debe de ser inadmitida en relación al apartado a) del artículo 40.4. de la LGICA, porque el órgano jurisdiccional ser vería abocado a aplicar tal precepto solo si se considerase que cabe la impugnación indirecta del ED de 2008, al amparo del artículo 26 de la LRJCA.

C-Que la CI debe de ser desestimada porque la no sujeción a EAE de los ED y de sus modificaciones, no entran en contradicción efectiva e insalvable con la LEEA y por tanto deben de entenderse conforme a la CE. Se remite en este sentido al F.J. 11º de la STC 86/2019 que declara constitucional del art. 150.4 de la Ley Canaria que excluye a los ED de la aplicación de al EA, por la “nula capacidad innovadora y subordinación clara a planes que sí son objeto de EA”, careciendo por tanto los ED de efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos indicados por la referida sentencia, por lo que la exclusión de la EAE que dispone las letras a) y c) del art. 40.4 LGICA son conformes a la CE.

IV.6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO FISCAL.

El MF presentó escrito el 01.09.2020 interesando la ESTIMACIÓN de la CI por las siguientes razones:

A-Analiza la CI y la doctrina del TC, citando en primer lugar la STC 53/2017 de 11 de mayo, en el que se analiza el carácter básico conforme al art. 149.1.23 CE de diversas disposiciones de la LEEA.

B-Expone una serie de sentencias del TC como la STC 109/2017 y lo dispuesto en su F.J. 3º respecto del carácter básico de los artículos 6 y 8 LEEA y la declaración de inconstitucionalidad del art. 9.4 de la LEA de las Islas Baleares, analiza también la comentada  STC 86/2019 que declara constitucional del art.150.4 de la Ley Canaria que excepciona aplicar la EA a los ED, y finalmente analiza también la STC 161/2019 en el que el TC declara inconstitucional normativa ambiental de la Región de Murcia que excluía de EIA diversos instrumentos de planeamiento urbanístico.

C-Aduce que la exclusión de una categoría completa de un instrumento de planeamiento como la que hace el art. 40.4.a) de la LOUA, excluye cualquier evaluación de los posibles efectos significativos de dicha categoría, cuando la propia LEEA de acuerdo con las directivas prevé un mecanismo –EASimplificada-, a través del cual corresponde al órgano ambiental competente analizar la posible existencia de efectos significativos para el medioambiente. Por lo tanto, entienden que la exclusión supone una disminución del nivel mínimo de protección establecido por la legislación básica contraria al art.149.1.24 CE y sustrae al órgano ambiental la posibilidad de efectuar una evaluación ambiental simplificada determinando la existencia o no de efectos significativos para el medio ambiente.

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V.- FUNDAMENTOS DE LA SENTECIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PRIMERO: En primer lugar, fundamenta y desestima la cuestión planteada por alguna de las partes personadas para inadmitir la CI.

SEGUNDO: Queda fijado al carácter básico de los artículos 6 y 8 de la LEEA a la que se refieren todas las partes en sus escritos, (así se preveía en la STC 109/2017 FJ 3), el TC manifiesta que para exista infracción constitucional de la naturaleza que se solicita debe concurrir dos circunstancias:

1º-Que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado;

2º-Que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa» (por todas, STC 161/2019, de 12 de diciembre, FJ 6).

En el presente caso también hay que tener en cuenta que la normativa básica (LEEA) fija el nivel mínimo de protección ambiental sobre todo el territorio nacional, mínimos que han de ser respetados por las CCAA en el ejercicio de sus competencias (STC 161/2019 de 12 de diciembre, F.J. 6º)

Por lo tanto desde esas premisas, habrá que analizar y valorar si efectivamente se produce una reducción del nivel de protección con respecto a la fijada por el Estado con carácter básico, para determinar si existe o no la vulneración de la competencia señalada.

TERCERO: La LEEA tiene como objeto establecer “las bases que deben regir la EA de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”. Con ello se ha traspuesto al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2001/42/CE así como la Directiva 2011/92/UE.

                Manifiesta la STC que del análisis del art.6 LEEA, así como de los anexos I y II, resulta que lo determinante para someter un plan urbanístico a la correspondiente EA es que se establezca el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a EIA o que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

                Dicho de otro modo: “No todo plan urbanístico ha de ser sometido a esta EA sino solo los que establezcan el marco para la elaboración de un proyecto que traduzca a sus determinaciones en una previsión concreta de obras que produzcan la efectiva transformación física del terreno sobre el que se actúa”.

CUARTO: En cuanto a la doctrina mantenida por el TC en casos similares derivados de las sentencias STC 109/2017, STC 86/2019 y finalmente STC 161/2019, el TC en su sentencia aclara:

1º- Que la STC 109/2017 se declaró inconstitucional el art´.9.4 de la Ley 12/2016 de EA de las I. Baleares que excluía de la obligación de someter a EAE a un variado elenco de planes y/o sus modificaciones –entre los que se encontraban también los ED-, porque en ese caso, se consideró del análisis del supuesto concreto que: “la disposición autonómica en cuestión incurría en la vulneración competencial denunciada porque «excluye de evaluación ambiental determinadas categorías de planes y sus modificaciones que sí están sometidos a la misma de conformidad con la legislación básica. La exclusión de esos planes de la evaluación ambiental estratégica prescrita por las normas estatales supone, por sí misma, la reducción de los niveles mínimos de protección establecidos por la legislación básica, con la consiguiente vulneración de la competencia estatal en materia de medio ambiente”. (A dicha doctrina se acoge tanto el Fiscal General del Estado, como el Abogado del Estado).

2º-En la STC 86/2019 el TC declaró constitucional el art.150.4 de la Ley 4/2017 de 13 de julio de suelo y espacios naturales protegidos de las Islas Canarias, el cual excluye del procedimiento de EA los ED. El TC concluyó que: “esta disposición no vulnera el art. 149.1.23 CE por no entrar en contradicción efectiva con la normativa básica estatal sobre evaluación ambiental estratégica, a la luz de la «escasa dimensión e impacto» de estos instrumentos de ordenación urbanística. Declara así que «[u]n examen de la regulación contenida en el artículo 150, en su conjunto, revela que los estudios de detalle son instrumentos complementarios, bien del plan general –suelo urbano–, bien del plan parcial –suelo urbanizable–, limitándose su objeto a completar o adaptar la ordenación pormenorizada –alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, accesibilidad y eficiencia energética, características estéticas y compositivas– (apartados 1 y 2); no pudiendo, en ningún caso, modificar la clasificación del suelo, incrementar el aprovechamiento urbanístico o incidir negativamente en la funcionalidad de las dotaciones públicas (apartado 3). La escasa entidad de los estudios de detalle, su casi nula capacidad innovadora desde el punto de vista de la ordenación urbanística, y su subordinación a planes que ya han sido objeto de evaluación ambiental, justifican la opción del legislador canario”.( A dicha doctrina se abona tanto la representación letrada de la promotora, como del Parlamento Andaluz, como el de la Junta de Andalucía).

3º- Que en la STC 161/2019 el Tribunal declara inconstitucional el art. 22.9 de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad, por rebajar el nivel de protección ambiental de los arts. 6 y 8 de la Ley estatal de evaluación ambiental. Dicha disposición modificaba el art. 145.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, introduciendo dos párrafos finales, para permitir «en casos excepcionales» la suspensión de forma total o parcial de la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico, la cual se concretaría en «normas transitorias sin la consideración de instrumento de planeamiento a efectos urbanísticos ni ambientales» cuando no introdujera cambios en la clasificación del suelo prevista en el planeamiento y no estableciera el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, por referirse exclusivamente a suelo urbano, suelo urbanizable que haya iniciado el proceso urbanizador o núcleos rurales.  El TC llega a la conclusión de que, de modo similar al supuesto ya enjuiciado por la mencionada STC 109/2017, «la norma autonómica excluye de evaluación ambiental determinadas categorías de planes y sus modificaciones que sí están sometidos a la misma de conformidad con la legislación básica. La exclusión de esos planes de la evaluación ambiental estratégica prescrita por las normas estatales supone, por sí misma, la reducción de los niveles mínimos de protección establecidos por la legislación básica, con la consiguiente vulneración de la competencia estatal en materia de medio ambiente». En este contexto específico el tribunal va a considerar que «lo relevante no es si dichas normas provisionales fijan o no el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, sino que las mismas operan como una modificación transitoria de un instrumento de planeamiento urbanístico que estaba sometido a evaluación ambiental estratégica (art. 6.2 de la Ley 21/2013)» [FJ 6 c)].

Concluye sobre este tema el TC manifestando que estamos antes casos distintos en cuanto a esos tres pronunciamientos, en tanto en cuanto:

  • En la  STC 109/2017 y  la STC 161/2019 el TC se pronunció sobre la contradicción  con la normativa básica de disposiciones autonómicas que excluían de EAE varias categorías enteras de planes de ordenación del territorio o urbanismo. En estos casos concluyó que no era posible determinar a priori que todos los planes o sus modificaciones pudieran quedar exentos de tener un impacto significativo en el medio ambiente, por lo que se daba por hecho la disminución en el nivel de protección y por tanto su inconstitucionalidad al vulnerar la legislación básica y requisitos mínimos establecidos en la LEEA.
  • En la STC 86/2019, lo que se examinó fue la exención de la EA en relación a un instrumento de planeamiento urbanístico concreto, los ED y conforme a la naturaleza y finalidad de los mismos, se concluyó que no se incurría en contradicción con la legislación básica estatal, al no ser susceptible de tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

VI. ESQUEMA FINAL DE APLICACIÓN Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 8 LEEA.

En aplicación de la doctrina y fundamentos jurídicos del T.C., el esquema de aplicación de la EA a los instrumentos de planeamiento conforme a lo establecido en el art.6 y 8 LEEA quedaría de la siguiente manera:

                En cuanto al lo dispuesto en el artículo 6 LEEA:

“Tanto en los supuestos del apartado 1 letra a), como del apartado 2, letra a) o letra b) del art. 6, la normativa básica establece como requisito, en todo caso, no solo que se refieran al ámbito material de «ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo», sino también que dichos planes o programas «establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental». En el caso de la letra c) ha de tratarse de planes que sean el marco para la aprobación de proyectos de los que, aunque no cumplan con alguno de los requisitos del apartado 1, no pueda descartarse a priori que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente [letra c)]”.

Y respecto de lo establecido en el artículo 8 LEEA:

El TC dictamina que dicho artículo precisa que solo dos tipos de planes o programas se excluyen de manera expresa del ámbito objetivo de la LEEA (1º-Los que tenga como único objetivo la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencias; 2º-Los de tipo financiero o presupuestario), para a continuación puntualizar que: “El hecho de que el apartado 1º del artículo 8 LEEA excluya expresamente dos tipo de planes o programas el ámbito objetivo de la LEEA, no implica per se, que no pueda haber otros planes o programas que, por no cumplir con los requisitos establecidos por el art.6 LEEA no están sometidos a EAE en los términos exigidos por la legislación básica”. “Este es el caso de aquellos instrumentos que por su objeto y alcance no puedan concebirse en ningún caso como «el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental» y en relación con los cuales pueda considerarse con carácter general que no son susceptibles de «tener efectos significativos en el medio ambiente».

En conclusión, en cuanto a la supuesta contradicción entre la normativa básica (art.6 y 8 LEEA) y el art. 40.4.a) y c) LGICA, declara la STC 123/2021 que:

“No entran por tanto en contradicción con el art. 6 y 8 de la Ley estatal de evaluación ambiental, ni incurren en vulneración mediata del art. 149.1.23 CE, las disposiciones autonómicas que no someten a evaluación ambiental estratégica determinados planes o programas de ordenación del territorio o uso del suelo cuando, por razón del objeto y del alcance limitado que les atribuya la normativa aplicable, no puedan constituir en ningún caso «el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental», ni tampoco el marco para la futura aprobación de otros proyectos, y se pueda determinar a priori –atendiendo a su objeto, extensión y los espacios afectados– que no son susceptibles de tener un impacto significativo en el medio ambiente”.

Como expone la propia STC 123/2021, dicho alcance solo puede determinarse finalmente poniéndolo en relación con los Anexo I y II de la propia LEEA, que precisan en el ámbito urbanístico qué tipos de proyectos han de someterse a EA, ya sea Ordinaria –EIAO- o Simplificada –EIAS-.

EIAO: “Dentro de este grupo, en el anexo I figuran entre los proyectos que exigen para su realización de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los «que requieran la urbanización del suelo para […] construcción de centros comerciales y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha.» (Grupo 9, apartado 10) aludiendo a esos supuestos en que por razones de interés social es permitido ese tipo de construcciones al margen de cualquier plan urbanístico previo”.

EIAS: En el anexo II, entre los proyectos que han de someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada se incluyen los “proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha [Grupo 7, apartado b)], que comprenden todos los proyectos de urbanización que permitan la transformación del suelo rural en suelo urbanizado. Por lo que respecta al apartado 2 c) del art. 6, ha de analizarse tomando en consideración los criterios establecidos en el anexo V de la propia ley en relación con las características de los planes, y de los posibles efectos y del área probablemente afectada, así como los indicados en el art. 7.2 c) en cuanto a los efectos sobre el medio ambiente que la modificación de los proyectos incluidos en los anexos I y II puedan suponer”.

VII. ¿Y que resulta de todo lo dicho hasta el momento al aplicarlo sobre el artículo 40.4.a) y c) de la LGICA de Andalucía que exime de aplicar la EA a los  ED y a sus modificaciones?

1º-En primer lugar, hay que evaluar si los ED tal y como se regulan en la LOUA constituyen o no el marco para la autorización de proyectos legalmente sometidos a EIA o en su caso, puedan tener impactos significativos en el medio ambiente, si así fuera deberían someterse a EAE a tenor de lo previsto en la legislación básica –LEEA-.

2º- El TC deja claro que la presente sentencia no puede ser extrapolable a otras CCAA, porque no todas regulan la figura del ED de la misma manera.

3º-Analizada la figura del ED en la LOUA se constata que los mismos tienen una limitada finalidad y contenido, que además tienen las siguientes características desde en análisis del objeto de la controversia:

-El ED en la LOUA se configura como un instrumento de planeamiento complementario y subordinado a los planes superiores que desarrolla, quedando estos últimos sometidos a evaluación ambiental estratégica conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 40.

-El ED no pueden afectar al uso urbanístico del suelo más allá de lo que el plan que desarrolla le permita en relación con los concretos aspectos que precisa el apartado 1 del art. 15 (el trazado de viario secundario, la ordenación de volúmenes y la ubicación del suelo dotacional ya planificado); y en ningún caso pueden alterar el uso urbanístico del suelo establecido por los planes superiores, incrementar el aprovechamiento o suprimir o reducir el suelo dotacional público.

El ED, no pueden, en definitiva, asumir o suplantar la función ordenadora propia de los instrumentos urbanísticos que desarrollan ni, en consecuencia, posibilitar y establecer por sí mismos el marco para la futura instalación de proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, el marco para la futura autorización de otros proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. Dicho marco quedará delimitado por los planes superiores que tienen atribuido determinar el uso y aprovechamiento del suelo a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, y que reúnen los requisitos objetivos que establece el art. 6.2 b) de la Ley básica para quedar sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, por contener los elementos básicos para que pueda autorizarse o limitarse el tipo de actividad o de proyecto que pueda autorizarse en una determinada zona, su ubicación, dimensiones o características esenciales.

El ED no puede constituir, en modo alguno, el marco para la instalación de proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental porque el anexo II, grupo 7, apartado b) no comprende entre los proyectos que han de someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, los proyectos que han de ejecutarse en suelo urbano y porque, aunque el art. 40.3 b) y d) de la Ley andaluza 7/2007 somete expresamente a evaluación estratégica simplificada las modificaciones o innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo «que alteren el uso del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación ambiental», los estudios de detalle regulados en esa ley tienen como uno de los límites que no pueden sobrepasar el modificar el uso urbanístico del suelo establecido en el instrumento de planeamiento superior.

Por esta última razón, no pueden ser tampoco el marco para la autorización de proyectos que puedan tener, per se, efectos significativos en el medio ambiente.

                –El ED desde el examen del art.15 de la LOUA  donde se regulan, se llega a la conclusión de que son instrumentos complementarios de otros (Planes Generales, Planes Parciales, otros planes de desarrollo) y que se caracterizan por su escasa entidad y casi nula capacidad innovadora dese el punto de vista de la ordenación urbanística, quedando subordinados a otros planes que han de ser objeto de EA.

                – El ED, por tanto “a la luz  la luz de su objeto y limitado alcance no pueden concebirse per se cómo el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental conforme al anexo II de la Ley básica, ni susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente, por lo que no puede por ello reprocharse al legislador autonómico que el art. 40.4 a) y c) de la Ley andaluza 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental no los someta a evaluación ambiental”.

VIII. CONCLUSIÓN

El TC concluye a tenor de todos los fundamentos expuestos, que las letras a) y c) del artículo 40.4. LGICA no entra en contradicción efectiva con lo establecido en los artículos 6 y 8.1 de la Ley 21/2013 de EA y no vulnera de forma mediata el art.149.1.23 CE.

VIII. CUESTIONES QUE SURGEN DESPÚES DE ESTA RESOLUCIÓN

Si el TC en su sentencia 123/2021 ha dejado claro entre otras cosas que:

1º- El ED, no pueden, en definitiva, asumir o suplantar la función ordenadora propia de los instrumentos urbanísticos que desarrollan ni, en consecuencia, posibilitar y establecer por sí mismos el marco para la futura instalación de proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, el marco para la futura autorización de otros proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente

3º-Que el ED tal y como está redactado en la LOUA: ““a la luz  la luz de su objeto y limitado alcance no pueden concebirse per se cómo el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental conforme al anexo II de la Ley básica, ni susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente, por lo que no puede por ello reprocharse al legislador autonómico que el art. 40.4 a) y c) de la Ley andaluza 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental no los someta a evaluación ambiental”.

– Que el ED regulado en la LOUA, “no pueden ser tampoco el marco para la autorización de proyectos que puedan tener, per se, efectos significativos en el medio ambiente”.

Si por un lado tenemos esos fundamento o premisas en los que se fundamenta el TC para eximir al ED como instrumento de planeamiento de someterse a EA, y por otro lado tenemos la propia LGICA, la cual en su anexo I donde se contienen la relación de “categorías sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental”, concretamente en la categoría 7.14 dispone las siguientes, sometidas a Actuación Ambiental Unificada -AAU-:

“Proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y construcciones asociadas a éstos así definidos por la normativa sectorial en materia de turismo, incluida la construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos (1), en alguno de los siguientes casos:

a) En suelo no urbanizable.

b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.

 c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento urbanístico del que derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

d) Que ocupen una superficie igual o superior a 10 hectáreas. e) Que prevean la construcción de edificios de más de 15 plantas en superficie. (1) No se consideran incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado.

Pues la cuestión es que determinados “operadores jurídicos” funcionarios de determinados ayuntamientos, y otras administraciones, creen que en virtud de lo que pone en la CAT. 7.14 del Anexo de la LGICA, el “Proyecto de Urbanización” por ejemplo de un Estudio de Detalle, debe de someterse al control ambiental. Claro como ven que el instrumento a aplicar es la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA, es decir, someterse a esto:

Tramitación administrativa de la AAU: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/autorizaci-c3-b3n-ambiental-unificada-1/20151?categoryVal=

Prefieren quedarse en Calificación Ambiental, y someter por tanto el Proyecto de Urbanización de un Estudio de Detalle a dicha tramitación en sede municipal, en virtud de lo establecido en la categoría 7.15 del anexo I LGICA.

Pues no, rotundamente no, ni a AAU ni a CA.

Sí el Proyecto de Urbanización que viene en el anexo I categoría 7.14 se refiriese a cualquier tipo de Proyecto de Urbanización, tendríamos por ejemplo el ABSURDO, que, hasta un Proyecto de Urbanización para llevar a cabo el acerado o instalación de farolas en 100 metros de calle, (o de 30 m) tendría que pasar por el trámite de la AAU, o CA y no, no es eso, ni puede serlo, ni por la vía del 7.14 ni por la del 7.15.

Quiere esto decir, que la concepción de “Proyectos de Urbanizaciones” contemplado en la categoría 7.14 o en el 7.15 del Anexo I, no puede amparar al Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle ni a ningún Proyecto de Urbanización al uso para urbanizar o reurbanizar dotaciones o sistemas en suelo urbano consolidado o no consolidado y hay que analizarlos y aplicarlos desde la óptica de los fundamentos jurídicos contenidos en la STS nº 123/2021, especialmente los indicados anteriormente y el siguiente:

«Del análisis de estos preceptos resulta que lo determinante para someter un plan urbanístico a la correspondiente evaluación ambiental es que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación del impacto ambiental o que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

Dicho de otro modo, no todo plan urbanístico ha de ser sometido a esta evaluación sino solo los que establezcan el marco para la elaboración de un proyecto que traduzca sus determinaciones en una previsión concreta de obras que produzcan la efectiva transformación física del terreno sobre el que se actúa.

“A esto se añade que, tal como pone de relieve el auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, la Directiva de evaluación de proyectos incluye en su anexo II los «proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos» ·. En ejecución de dicha previsión, la ley básica estatal menciona en su anexo II entre los proyectos que quedan sometidos a evaluación ambiental simplificada, los «proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha» [Grupo 7: Proyecto de infraestructuras. Punto b)]. Previamente, el anexo I, había incluido entre los proyectos que deberían someterse a la evaluación ordinaria la «construcción de centros comerciales y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha» (Grupo 9. Otros proyectos. Punto 10)”.

Además si nos fijamos en el art.1 LGICA donde dice textualmente:

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ley es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos ambientales concretos que puedan generar y el establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente.

Y como hemos visto la STC 123/2021 ha manifestado que: “a la luz  la luz de su objeto y limitado alcance no pueden concebirse per se cómo el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental conforme al anexo II de la Ley básica, ni susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente, por lo que no puede por ello reprocharse al legislador autonómico que el art. 40.4 a) y c) de la Ley andaluza 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental no los someta a evaluación ambiental”. Eso, además de otros tantos argumentos en el mismo sentido, tendríamos, que tanto al ED, como a su Proyecto de Urbanización como a todo lo que venga detrás, NO LE SERÁ DE APLICACIÓN NADA DE LO ESTABLECIDO DESDE EL ART.2 HASTA EL FINAL DE LOS ANEXOS de la LGICA.

Finalmente reseñar por tanto, que con la STC 123/2021 los burócratas, que no los defensores del medioambiente, han perdido una importante batalla, pero aún queda mucho por hacer.

En cuanto a una última observación que voy a hacer, es la referente al «nivel» de actuación de cada una de las parte intervinientes en la CI resuelta.

1º- En cuanto a la SALA del TSJA -Sevilla-, el nivel en la presente CI, es muy pobre, denotan un absoluto conocimiento de lo que realmente es un ED conforme a la LOUA y su papel en el urbanismo autonómico. Subyace una vez más, que al igual que se hizo con la jurisdicción mercantil, es urgente hacerlo con la administrativa, muy urgente. La actuación de la SALA se califica con un SUSPENSO, muy bajo, sin posibilidad de hacer examen en septiembre. Directamente repite curso.

. En cuanto a la actuación del Abogado del Estado, un suspenso cualificado con un necesita mejorar, para septiembre.

3º. En cuanto a la actuación de la Representación Letrada del Parlamento Andaluz, un notable alto, entiende a la perfección lo que es un ED en la LOUA y el juego de la legislación básica en la controversia planteada.

4º. En cuanto a la actuación de la Representación Letrada de la Junta de Andalucía, demuestra finura jurídica, casi de sobresaliente.

5º- En cuanto a la actuación del Ministerio Fiscal, suspenso sin paliativos, directo para septiembre.

6º- En cuanto a la argumentación del TC hay una consecuencia práctica importante que no puede pasar desapercibida, en cuanto a la figura del ED y su regulación en las CCAA y es la siguiente. En el balcanizado terreno urbanístico español, y dado que la figura del ED se regula de manera indistinta en cada comunidad autónoma, donde a la figura del ED se le otorga distintas funciones, a tenor de la argumentación del TC a la hora de tratar la jurisprudencia previa, tendríamos por tanto que dicho instrumento estaría o no sometido a instrumentos de evaluación ambiental dependiendo de la región donde el mismo se tramite, independientemente de para la finalidad para la se utilice, es decir, si en Castilla y León o Baleares se tramita un ED simplemente para establecimiento de alineaciones, pues parece que por estar regulada dicha figura de manera más extensa o amplia que en la LOUA andaluza, deberá someterse a dicho control ambiental. Eso no puede ser.

GRANADA A 14 de julio de 2021

ANTONIO GUTIÉRREZ ALONSO